Ante la Subcomisión Mixta de Presupuestos, la autoridad regional alzó la voz contra la propuesta del Gobierno para 2027. Remarcó que la baja de fondos amenaza los emblemáticos conjuntos habitacionales Los Verdes y Pampa Sur, congela por meses la solución a los socavones en Alto Hospicio y desprotege los avances en la lucha contra el crimen organizado.
En el corazón del Congreso Nacional, la postura de Tarapacá resonó con fuerza. El Gobernador Regional, José Miguel Carvajal, se presentó ante la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos —encabezada por la senadora Yasna Provoste— para exponer la hoja de ruta de la zona y, de paso, frenar los recortes de recursos que amenazan el desarrollo local.
Carvajal no llegó con las manos vacías. Presentó una robusta cartera de inversiones que ronda los $111 mil millones de pesos, sumada a los 144 proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE). La autoridad recordó que la región alcanzó un 99,2% de ejecución presupuestaria en 2025 y que este 2026 sigue liderando los indicadores nacionales, por lo que catalogó como injusto e ilógico que se castigue al territorio con reducciones financieras o condicionamientos del 7% que desconocen la realidad nortina.
Alerta roja en vivienda: Los Verdes y Pampa Sur en el aire
Uno de los momentos más tensos de la sesión ocurrió al destapar el drástico ajuste que planea el nivel central en materia habitacional. La propuesta gubernamental plantea un tijeretazo superior al 64% en los fondos del programa DS49 del SERVIU, un golpe directo al corazón de los comités de vivienda de la provincia de Iquique.
La advertencia de Carvajal fue categórica respecto al impacto de esta medida en las familias que esperan por su casa propia. “Tampoco vamos a iniciar esos dos proyectos habitacionales y el Gobierno no va a tener ningún nuevo proyecto el año 2027 de vivienda en nuestra región”, denunció el gobernador, dejando en evidencia que sin esos recursos los desarrollos residenciales de Los Verdes y Pampa Sur quedan paralizados antes de poner la primera piedra.
Socavones paralizados y el impacto en la seguridad regional
La tijera presupuestaria no solo golpea la puerta de la vivienda social. En infraestructura crítica, las modificaciones planteadas desde Santiago amenazan con postergar por al menos seis meses las obras urgentes para mitigar la crisis de los socavones en Alto Hospicio, una emergencia urbana que miles de vecinos sufren a diario.
A esto se suma la preocupación por la persecución penal. Tarapacá financia con presupuesto regional a 20 funcionarios adicionales en la Fiscalía para combatir el crimen organizado, una decisión política y económica local que ya muestra resultados concretos. “No es casualidad que la cantidad de homicidios en Tarapacá haya disminuido. Eso es justamente porque hemos invertido”, enfatizó Carvajal, defendiendo la autonomía para seguir inyectando platas en seguridad pública.
A 50 días de las lluvias: la lenta respuesta central en las zonas extremas
Durante su intervención, el gobernador aprovechó la tribuna para visibilizar el abandono que sufren las regiones extremas tras eventos climáticos severos. A casi 50 días de las históricas lluvias que azotaron a Tarapacá el pasado 18 de agosto, el nivel central todavía no entrega un catastro completo de los daños materiales en pueblos e infraestructura.
“Somos una región extrema, con condiciones especiales y que tiene tareas por resolver”, recriminó Carvajal, haciendo un llamado a los parlamentarios a no aplicar varas de medición homogéneas para realidades territoriales completamente distintas.
Decisión en pausa: Congreso frena la votación presupuestaria
Tras escuchar la fundamentación de la delegación nortina y las intervenciones de senadores y diputados de la zona —entre ellos Renzo Trisotti, Javier Macaya y Jaime Araya—, la mesa parlamentaria decidió tomar cartas en el asunto.
La senadora Yasna Provoste confirmó que la votación de la Partida 31, que define el dinero de los gobiernos regionales para 2027, quedó congelada y se resolverá en los próximos días. El objetivo es forzar una revisión del Ejecutivo que resguarde los fondos de Tarapacá y garantice la continuidad de sus proyectos clave.
