Con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la Cámara Alta despachó el informe de la comisión mixta y dejó el proyecto listo para su promulgación. En la región, la votación evidenció una clara división política: los tres diputados y un senador respaldaron la norma para dar certeza jurídica a policías y militares, mientras que la senadora Danisa Astudillo rechazó la propuesta.
El Congreso cerró este trámite clave para la agenda de seguridad. El Senado dio el visto bueno final al informe elaborado por la comisión mixta, aprobando formalmente el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para que quede listo y sea promulgado como ley de la República.
La iniciativa fija los límites, estándares y principios bajo los cuales Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas podrán hacer uso de las armas y la fuerza legítima que el Estado les confiere, especialmente en operativos de orden público, control fronterizo y resguardo de infraestructura crítica.
Bloque de Tarapacá: cuatro respaldos y un categórico rechazo en el Congreso
La votación en el Congreso expuso la postura de los representantes de la Región de Tarapacá frente al debate de la seguridad pública y el respaldo policial.
Por un lado, la senadora Danisa Astudillo votó en contra del informe de la comisión mixta, marcando su postura disidente en la Cámara Alta. En la vereda del respaldo, el senador Renzo Trisotti votó a favor de las RUF, alineándose con la aprobación general.
En la Cámara de Diputados, los tres parlamentarios representantes de Tarapacá apoyaron en bloque el proyecto: el diputado Carlos Carvajal, el diputado Álvaro Jofré y la diputada Ximena Naranjo votaron a favor, permitiendo que la iniciativa avanzara con amplio margen.
Certeza jurídica y presunción de inocencia para el personal uniformado
El debate en Valparaíso estuvo cruzado por la necesidad de dar garantías operativas a los efectivos policiales durante sus procedimientos de control. Parlamentarios de la comisión mixta recalcaron que la nueva ley busca terminar con la desprotección administrativa y judicial que sufrían los funcionarios al momento de utilizar su armamento de servicio.
«Este es un proyecto indispensables para que tanto Carabineros, PDI, como nuestras Fuerzas Armadas tengan certeza jurídica en el uso de la fuerza legítima para proteger a la sociedad», señalaron legisladores tras la sesión. Bajo este nuevo esquema, aquellos funcionarios que hagan uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber contarán con protección civil, penal y administrativa, presumiéndose su inocencia sin que queden automáticamente apartados de sus cargos o privados de sus sueldos mientras se investigan los hechos.
La agenda legislativa refuerza la protección a las policías
La aprobación de las RUF se suma a un paquete de reformas destinadas a endurecer las atribuciones policiales y combatir la delincuencia. Tras episodios de alta violencia contra efectivos uniformados en el país, desde el Parlamento hicieron hincapié en que era urgente dotar de herramientas concretas a las instituciones del orden.
Entre las medidas complementarias de la agenda destacan la ampliación del plazo de flagrancia, la aprobación de la ley antipelotazos en recintos penitenciarios y el avance de iniciativas como Naín-Retamal 2.0, que busca extender la legítima defensa privilegiada a los funcionarios que intervengan en delitos aun estando en su día de franco.
