En el marco del análisis que realiza la Comisión de Trabajo del Senado, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para incorporar la modalidad de contrato por hora al Código del Trabajo ha generado discrepancias en el ámbito político y sindical. La iniciativa busca dinamizar el mercado laboral en respuesta al desempleo nacional, que alcanzó un 9,6% en el trimestre junio-agosto, permitiendo esquemas de contratación de hasta 30 horas semanales o 120 horas mensuales.
En relación con ello, desde el Ejecutivo defienden que la propuesta resguarda las garantías fundamentales, manteniendo cotizaciones previsionales, cobertura de salud y seguro de cesantía, al tiempo que otorga flexibilidad a personas que requieren jornadas acotadas. No obstante, uno de los puntos centrales del debate radica en la modificación sobre la notificación de turnos por parte del empleador, la cual fija un plazo de anticipación de 72 horas, medida cuestionada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al considerar que genera inestabilidad.
Frente a este escenario, parlamentarios e integrantes de la Comisión de Trabajo han manifestado reparos respecto al verdadero alcance de la flexibilidad laboral en los ingresos de los dependientes. Al respecto, el diputado independiente de la bancada PPD, Héctor Ulloa, enfatizó: «Nos dicen por otro lado que el contrato por hora puede otorgar flexibilidad, ¿pero flexibilidad para quién? Para el empleador, no para el trabajador que no sabe cuánto va a ganar a fin de mes. Legalizar la precariedad no la hace digna«.
El avance de la propuesta legislativa continuará su tramitación en la Cámara Alta, donde la CUT y diversos sectores sociales buscan evitar retrocesos en materia de derechos laborales, mientras el Congreso evalúa las indicaciones necesarias para prevenir la precarización en las nuevas modalidades de empleo.
