La falta de infraestructura escolar obligó a ocupar el único recinto comunitario del poblado para aulas de párvulos. Esta improvisación desplazó los programas de infancia a una antigua bodega metálica donde los menores sufren un severo hacinamiento, obligando al Municipio de Huara a destinar $92 millones de patentes mineras para una solución de emergencia.
Una cadena de improvisaciones institucionales mantiene a la infancia de la Pampa del Tamarugal pagando los costos de la falta de planificación. En la localidad rural de Bajo Soga, comuna de Huara, más de 150 escolares y sus familias sufren los efectos directos de la crisis de infraestructura educativa que afecta a la Región de Tarapacá.
Para evitar que los niños de prekínder y kínder tuvieran que viajar diariamente por la carretera hacia escuelas de otras localidades, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) habilitó salas de clases de emergencia en el poblado. Sin un colegio formal construido, la vía rápida fue tomar la única sede social del pueblo. Sin embargo, la medida solucionó el traslado de los párvulos a costa de desmantelar el principal punto de encuentro de la comunidad.
Talleres de crianza desplazados a una bodega metálica
Al perder la sede comunitaria, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Huara y el programa «Crecer en Comunidad» debieron trasladar sus actividades a un pequeño contenedor metálico que funcionaba como bodega. La falta de espacio en la estructura ha provocado que decenas de niños de entre 0 y 12 años tengan que realizar sus talleres socioemocionales e infantiles en un evidente estado de hacinamiento, llegando al punto de que varios menores deben quedarse fuera de las dinámicas por la falta de capacidad física.
La situación se agrava al considerar los plazos del Estado central. El proyecto para levantar la ansiada escuela definitiva para Bajo Soga se encuentra recién en una fase inicial de evaluación técnica y factibilidad, proyectando que la sede social seguirá ocupada como colegio por un tiempo indeterminado.
Inversión municipal de emergencia y vacíos legales
Ante la urgencia de dar un espacio digno a los menores, el Concejo Municipal de Huara aprobó una modificación presupuestaria para inyectar $92.284.948 de pesos provenientes de patentes mineras, que sumados a aportes del programa social completan un fondo de $115 millones para construir una sala multiuso anexa al contenedor, con baños mejorados y techumbre reforzada.
El debate en el concejo dejó al descubierto serias dudas sobre la validez jurídica del traspaso de la sede al SLEP, dado que opera bajo una simple «resolución de emergencia». Al tratarse de un terreno con concesión de uso gratuito otorgada por Bienes Nacionales al municipio, la ley prohíbe ceder la propiedad a terceros mediante un comodato formal. Pese a los cuestionamientos por la falta de gestión de la entidad educacional, las autoridades locales dieron luz verde a los recursos para evitar que los niños de la pampa sigan marginados a la intemperie.
