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BOLIVIA DESPLIEGA FUERZA MILITAR Y POLICIAL EN SANTA CRUZ ANTE AMENAZA DE BLOQUEOS POR RETIRO DE SUBVENCIÓN AL DIÉSEL

El Gobierno boliviano envió tropas a Yapacaní bajo el estado de excepción vigente para resguardar la ruta clave hacia el centro del país, mientras organizaciones campesinas amenazan con endurecer las protestas si no abrogan el decreto que subió el combustible a grandes consumidores.

El Gobierno de Bolivia activó este martes un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y la Policía para blindar Santa Cruz, el motor económico y agrícola del país vecino. La orden se dio tras el anuncio de organizaciones campesinas de bloquear carreteras en protesta contra la quita de la subvención al diésel para los llamados «grandes consumidores».

Las fuerzas de seguridad desembarcaron en el municipio de Yapacaní, a 131 kilómetros de la capital cruceña, para mantener totalmente expedita la ruta que conecta la región con el centro y el occidente boliviano.

Resguardo de rutas bajo el estado de excepción

El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, confirmó la intervención castrense e instó a no interrumpir la conectividad vial. «Ante la convocatoria pública a bloquear en Yapacaní, se dispuso un despliegue preventivo para coadyuvar a la Policía. La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos», puntualizó la autoridad.

Justiniano recordó además que Bolivia permanece bajo un estado de excepción de 90 días decretado en junio tras graves protestas sociales. Si bien aclaró que se puede marchar y protestar libremente, advirtió de forma directa: «Lo que hoy no está permitido es bloquear carreteras, impedir el libre tránsito o afectar infraestructura crítica. Esa regla vale para todos y en todo el territorio nacional».

El meollo del conflicto: el nuevo valor del combustible

El detonante de la tensión se remonta al pasado 17 de agosto, cuando el Ejecutivo fijó un «precio referencial» de 18 bolivianos (alrededor de 1,55 dólares) por litro de diésel para industrias y grandes compradores directos.

La norma establece diferencias de mercado claras:

  • Grandes consumidores: Pagan la tarifa liberada de 18 bolivianos por litro al superar los 5.000 litros mensuales.
  • Transporte público y pequeños productores: Mantienen el costo subsidiado de 9,80 bolivianos (0,84 dólares).
  • Impacto agrícola: El sector agroindustrial de Santa Cruz rechazó de plano la medida acusando que castiga la producción y no arregla el desabastecimiento.

48 horas de tregua y la amenaza del evismo

Tras horas de tensión, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, logró destrabar momentáneamente el corte de ruta tras reunirse con dirigentes locales en Yapacaní. El compromiso del Ejecutivo contempla realizar gestiones en un plazo de 48 horas para evaluar el polémico decreto.

«Si no se abroga este decreto, las organizaciones nos vamos a unificar para ver el camino y el rumbo a tomar en el tema de la movilización», advirtió el dirigente campesino Juan Cáceres.

El conflicto promete escalar a nivel nacional. Sectores afines al expresidente Evo Morales ya fijaron un encuentro estratégico en el Trópico de Cochabamba para definir un plan de lucha conjunto, en medio de un escenario marcado por interminables filas en las estaciones de servicio y una evidente escasez de combustible.

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