Frente a la denuncia presentada por la actual administración ante la Contraloría, el exjefe regional sostuvo que los saldos obedecen a un desorden contable histórico de convenios estatales y garantizó que los recursos y obras están en la zona.
La controversia política y presupuestaria en la Región de Arica y Parinacota sumó un capítulo de alto impacto. Luego de que el gobernador Diego Paco Mamani y el Consejo Regional acudieran a la Contraloría General de la República para denunciar presuntas irregularidades y un «hoyo negro» que superaría los $95 mil millones durante la gestión anterior, el exgobernador regional y actual diputado Jorge Díaz Ibarra salió al paso para rechazar categóricamente la existencia de un desfalco.
A través de un comunicado público, la exautoridad reconoció fallas de registro, pero descartó el extravío de fondos públicos. «La auditoría concluyó que el Gobierno Regional, desde casi la creación de la región, no llevaba un registro preciso que permitiera demostrar, partida por partida, el origen de cada saldo contable. En palabras simples: la plata estaba, los proyectos estaban, los bienes estaban, pero el sistema no permitía mostrar el detalle con la rapidez que un auditor necesitaba», enfatizó Díaz.
UN PROBLEMA HISTÓRICO Y ACUSACIÓN DE ERRORES EN LAS CIFRAS
El exjefe regional fue enfático en señalar que las deficiencias contables no se originaron bajo su período (2021-2024). Según expuso, al asumir a fines de 2021 ya existía un saldo acumulado por rendir de $63.833 millones proveniente de convenios firmados en la administración 2017-2020. Aseguró que durante su gestión se dictaron procedimientos formales de conciliaciones bancarias por primera vez y se tramitaron 32 sumarios e investigaciones sumarias que terminaron en censuras, suspensiones y destituciones.
Asimismo, Díaz apuntó a supuestos errores matemáticos contenidos en la presentación que hicieron las autoridades del GORE ante la Contraloría.
«El error más evidente es el punto 6. Se informó un descuadre de $7.340 millones, cifra obtenida sumando la misma diferencia repetida en cuatro cierres anuales consecutivos. El descuadre real es de $1.910 millones —uno solo, de arrastre— y el informe señala que se originó en 2018 under la administración anterior», sostuvo el parlamentario.
LA SITUACIÓN DEL HELICÓPTERO Y LOS FONDOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
Uno de los puntos del informe de auditoría cuestionaba la falta de documentación sobre el paradero y destino de un helicóptero adquirido para Carabineros de Chile por $10.947 millones. Al respecto, el exgobernador aclaró que la nave no está perdida ni retenida. «La aeronave está en Arica, opera regularmente y vuela todas las semanas al servicio de la región. Cualquier vecino puede verla. Lo que no se entregó al auditor fue la documentación del traspaso», aseveró, sumando que situaciones similares ocurren con patotas de vehículos de la PDI, drones y cámaras de reconocimiento facial.
Díaz argumentó además que la propia auditoría externa reconstruyó una lista con 1.115 entidades individualizadas que explican el destino de los recursos. Según el exjefe del GORE, más de la mitad de los saldos pendientes corresponden a convenios vigentes con organismos del propio Estado, tales como SERVIU para viviendas sociales, el Ministerio de Obras Públicas para el borde costero, la Subsecretaría del Trabajo mediante ProEmpleo y la SUBDERE.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a la prudencia a los actores políticos locales. «Tratar saldos pendientes de documentar como posible dinero desaparecido daña una confianza que cuesta años construir. Asumo la responsabilidad que me corresponde por lo que no alcanzamos a resolver en el tiempo que dura el mandato, pero es deber de todos informar con exactitud», cerró.
