El Juzgado de Familia acogió la demanda de la mujer al determinar que contrajo el vínculo sin un consentimiento libre y transparente. El sujeto, que actualmente cumple una pena de siete años de cárcel efectiva por el delito de abuso sexual a un menor de 14 años, le ocultó el proceso penal que la Fiscalía mantenía en su contra antes de firmar el acta matrimonial.
Un fallo histórico y tajante dictó el Juzgado de Familia de Rancagua. La justicia declaró la nulidad absoluta de un matrimonio luego de comprobar que el marido le ocultó deliberadamente a su pareja un antecedente gravísimo: al momento de casarse, el sujeto estaba siendo investigado como imputado por el abuso sexual de su propio hijo, una causa penal por la que tiempo después terminó condenado a siete años de prisión efectiva.
El magistrado Marcelo Araya Rojas acogió los argumentos de la demanda y determinó que la mujer firmó el vínculo bajo un error viciado. Para el tribunal, la contrayente jamás habría dado su consentimiento libre y espontáneo de haber sabido que el hombre con el que estaba uniendo su vida enfrentaba una causa de esa magnitud en la Fiscalía.
La trampa del ocultamiento y el «error en las cualidades»
El expediente judicial da cuenta de que la investigación del Ministerio Público venía rodando desde el año 2017, mucho antes de la boda. Sin embargo, el sujeto mantuvo en absoluto secreto las diligencias policiales que pesaban sobre él. Esta omisión encajó directamente en lo que la Ley de Matrimonio Civil define como un error recaído sobre las cualidades personales del otro cónyuge, una de las causales legales para borrar la validez del vínculo.
En su resolución, el juez Araya apuntó directamente al sentido común y a la lógica de las relaciones humanas para respaldar la nulidad. «¿Podría, racionalmente, pensarse que la demandante habría depositado su confianza en el demandado a sabiendas de que su pareja obraba como imputado por haber abusado sexualmente de un niño, quien además era su hijo?», cuestionó la sentencia, añadiendo que responder que sí a esa pregunta «forzaría el sentido común y resulta inviable».
Incompatibilidad total con los fines de la familia
El tribunal fue más allá en su análisis jurídico y dejó en claro que una imputación por delitos sexuales contra la infancia fractura por completo los pilares fundamentales del matrimonio contemplados en el Código Civil. Para el magistrado, la conducta del demandado resulta abiertamente opuesta a los deberes de auxilio mutuo, la convivencia y la crianza segura de los hijos.
Dado que el hombre se encuentra actualmente encerrado en un penal cumpliendo su condena tras el juicio oral realizado en Temuco, el juez determinó además que el hecho que originó el engaño no ha desaparecido. Por lo mismo, la acción legal fue presentada dentro de los plazos y condiciones que exige la ley, dejando el matrimonio completamente anulado y sin efecto legal alguno.
