El concejal Maximiliano Manríquez, único voto en contra de la iniciativa, ingresó un requerimiento ante el órgano fiscalizador por el arriendo del Hotel Concorde por más de 64 millones de pesos. Acusa que el desalojo estaba planificado hace meses y que el municipio no puede usar la causal de «urgencia» para saltarse la licitación pública.
El concejal de Arica, Maximiliano Manríquez, ingresó una presentación formal ante la Contraloría Regional para que revise a fondo la legalidad de un polémico contrato municipal. La casa edilicia amarró de forma directa el arriendo del Hotel Concorde por un monto exacto de $64.260.000, dinero destinado a dar alojamiento durante 30 días a las familias que serán desalojadas de Cerro Chuño. El parlamentario local busca que el ente fiscalizador determine si la interna de la municipalidad vulneró las reglas del juego de las compras públicas.
La jugada de Manríquez llega justo después de que el Concejo Municipal aprobara el trato por mayoría. La interna del debate dejó claras divisiones entre los ediles: Manríquez se plantó como el único voto de rechazo en la mesa, mientras que su colega Dolores Cautivo optó por la abstención. El resto del cuerpo de concejales, junto con el alcalde Orlando Vargas, dio luz verde a la millonaria contratación directa, desatando la inmediata reacción del fiscalizador comunal a través de las plataformas digitales.
«Necesitamos transparencia y sobre todo justificación acerca de los tratos», disparó el concejal mediante un video grabado a las afueras de la Contraloría. En el registro, el edil argumentó que su deber es cuidar el patrimonio de la ciudad y exigir explicaciones claras sobre los contratos a dedo con la empresa Hotel Concorde.
¿Urgencia real o falta de planificación?
El fondo de la discusión jurídica radica en la herramienta legal que utilizó el municipio para saltarse el concurso público. La administración local invocó la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, una excepción de la ley que permite contratar servicios de manera inmediata cuando hay una necesidad pública impostergable que no puede esperar los tiempos de una licitación tradicional.
La contradicción salta a la vista al revisar el cronograma del polémico desalojo de Cerro Chuño. Este operativo corresponde a un proceso planificado minuciosamente por las autoridades y su fecha de ejecución se conocía con muchos meses de anticipación en las mesas técnicas de la región. Al no tratarse de un terremoto, un incendio o una catástrofe impredecible, la justificación de la «emergencia» pierde fuerza y abre una serie de dudas sobre la gestión interna del municipio.
La pelota queda en la cancha del órgano fiscalizador
Este desfase temporal es el argumento central del requerimiento ingresado por Manríquez. Ahora, los abogados de la Contraloría Regional tendrán que analizar los informes técnicos de la Municipalidad de Arica y dictaminar si el alcalde y sus equipos justificaron correctamente el descarte de la licitación pública o si derechamente se abusó de una ventana legal pensada para imprevistos reales.
El dictamen del organismo será clave para fijar precedentes sobre cómo los municipios de la zona norte enfrentan las crisis habitacionales y los desalojos de alta complejidad. Mientras las familias de Cerro Chuño esperan el inicio de las faenas de erradicación en el sector, el gasto de los 64 millones de pesos entra a un terreno de total incertidumbre jurídica a la espera del pronunciamiento definitivo de la Contraloría.
