La salida de su presidente nacional gatilló una profunda crisis interna. El organismo electoral analiza enviar los antecedentes al Ministerio Público por gastos no acreditados en sus balances, abriendo la puerta para que el Tricel ponga fin a la existencia legal del polémico partido.
El Partido de la Gente (PDG) enfrenta una tormenta perfecta que amenaza su propia existencia legal. La crisis estalló con fuerza el pasado lunes, cuando el ahora expresidente de la colectividad, Rodrigo Vattuone, presentó su renuncia indeclinable aludiendo a supuestas «razones personales». Sin embargo, el portazo de Vattuone es solo la punta del iceberg de un escenario judicial y administrativo extremadamente complejo que tiene al partido contra las cuerdas.
La división de Fiscalización del Servicio Electoral (Servel) ya elevó los antecedentes financieros del partido directamente al director y al consejo del organismo. Sobre la mesa está la evaluación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por gastos no acreditados en sus balances, una acción que, de concretarse, facultaría al Servel para solicitar formalmente la disolución de la colectividad ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
La defensa de la nueva directiva frente al rechazo de sus balances
El origen de la pugna radica en el sistemático rechazo de los balances financieros de la tienda por parte del Servel, un flanco que incluso le ha valido duras críticas públicas de figuras fundadoras como Gino Lorenzini. Ante el inminente peligro de disolución, la recién asumida timonel del PDG, Denisse Catalán, intentó bajarle el perfil a la crisis en declaraciones a los medios.
«Entregamos los balances, tenemos puntos de observación y hemos ido subsanando bastante», aseguró Catalán. No obstante, la gravedad de los informes de fiscalización internos sugiere que las observaciones del organismo electoral apuntan a presuntas faltas que podrían revestir el carácter de delitos, lo que excede una simple corrección administrativa de planillas.
Tres frentes judiciales activos que acorralan al partido
La arremetida del Servel no es el único dolor de cabeza para la directiva. El PDG actualmente arrastra un complejo escenario procesal que avanza en paralelo por tres carriles completamente distintos:
- Investigación por fraude de fondos públicos: Desde enero de 2024, la fiscalía investiga penalmente a Luis Moreno, expresidente del partido y actual asesor de la diputada Lilian Betancourt. La indagatoria, que nació tras una denuncia de la exparlamentaria Karen Medina, busca esclarecer una eventual falsificación de documentos y la presunta obtención fraudulenta de recursos del fisco, además de supuestos vicios en la constitución original de la colectividad en 2021.
- Guerra interna en tribunales: La Corte de Apelaciones de Valparaíso tramita un recurso de protección que cuestiona la invalidación de las últimas elecciones internas de la directiva nacional, manteniendo la orgánica interna en un limbo jurídico.
- Conflicto en el Tricel: En paralelo, el militante Patricio Quisbert —quien resultó electo en dichos comicios internos que la cúpula intentó anular— mantiene un recurso activo ante el Servel para exigir que se reconozca su triunfo, lo que evidencia el quiebre absoluto del partido a nivel de bases y liderazgos.
