El Juzgado del Trabajo y la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificaron de forma unánime que la administración comunal incurrió en discriminación política. El caso deja al descubierto graves errores de defensa, el uso de contratos a honorarios para tapar funciones permanentes y un millonario costo que saldrá directo de los recursos de todos los calameños.
La Municipalidad de Calama acaba de sufrir un durísimo y costoso revés en los tribunales laborales, confirmando que las malas prácticas contractuales y las pasadas de cuenta políticas terminan saliendo caro. La justicia laboral condenó al municipio por vulnerar los derechos fundamentales de una trabajadora desvinculada en junio de 2024, tras acreditarse que el despido fue una represalia directa por sus nexos políticos.
La controversia escaló rápido. La afectada prestaba apoyo profesional en la oficina de la Administradora Municipal. Todo marchaba de forma habitual hasta que, durante un fin de semana, la funcionaria asistió a un acto público del partido Demócratas, instancia donde su madre fue presentada oficialmente como candidata a concejala por una lista de oposición a la actual gestión del alcalde. Solo dos días después del evento político, la trabajadora recibió la noticia verbal de que sus servicios ya no eran requeridos en la institución.
Al no presentar el municipio ninguna justificación técnica ni administrativa real para sacarla del cargo, la jueza del fondo fue categórica: «Se produjo una vulneración de derechos fundamentales pues la actora fue víctima de actos de discriminación política».
El testimonio de la administradora municipal que sepultó la defensa
La figura de la actual Administradora Municipal, Diana Veas, terminó siendo el clavo en el ataúd para la estrategia de defensa del municipio. De acuerdo con el expediente del caso, fue la misma administradora quien echó de palabra a la trabajadora el 25 de junio, ofreciéndole un traslado a la Dideco que la profesional no aceptó, rompiendo el vínculo laboral de golpe y sin siquiera un decreto o acto administrativo formal de por medio.
Pero lo peor vino en el estrado. Al prestar declaración para intentar justificar el despido argumentando supuestas necesidades internas de la oficina, el testimonio de Diana Veas fue calificado textualmente por la magistrada como una justificación «vaga, ambigua y un tanto contradictoria».
La jugada judicial le salió completamente al revés a la jefa de servicio. Al detallar con peras y manzanas las tareas diarias que ejecutaba la demandante, la Administradora Municipal terminó reconociendo en la práctica que el municipio usaba la figura de honorarios para cubrir labores permanentes, confirmando en vivo y en directo la existencia de un contrato de trabajo encubierto ante los ojos de la jueza.
Un error amateur en la Corte de Apelaciones
Buscando revertir la contundente derrota inicial, los abogados del municipio recurrieron de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acusando que la jueza de primera instancia se había extralimitado en los montos y periodos a pagar. Sin embargo, el tribunal de alzada les dio un tremendo tirón de orejas el pasado 20 de mayo de 2026.
Los ministros de la Corte rechazaron el recurso tras descubrir un error insólito de la defensa municipal: el abogado del municipio armó toda su apelación basándose en la primera demanda, olvidando que el documento ya había sido corregido y ampliado durante el juicio. La Corte descartó de plano la supuesta falta de la jueza laboral y obligó al municipio a pagar también las costas de este fallido intento de nulidad.
La boleta que tendrán que pagar los calameños
Este desorden administrativo y la evidente persecución política no le saldrán gratis a la comuna. Las arcas municipales tendrán que desembolsar de manera inmediata una millonaria suma para saldar las cuentas con la trabajadora afectada:
- $6.413.376 por concepto de indemnización especial de tutela laboral por discriminación.
- $1.068.896 por concepto de aviso previo.
- $89.075 correspondientes al feriado proporcional.
A este pozo se le debe sumar un monto mucho mayor y de difícil cálculo inmediato: el municipio fue obligado a regularizar y pagar con intereses todas las cotizaciones previsionales de AFP, Fonasa y AFC de la trabajadora por todo el periodo que duró la relación laboral bajo el contrato encubierto, cerrando un caso que expone de la peor manera la gestión interna de la casa edilicia loína.
