Las instancias de Constitución y Derechos Humanos advirtieron que las iniciativas del Partido Nacional Libertario no serán puestas en tabla si el Ejecutivo no les otorga urgencia. La ofensiva busca beneficiar al personal institucional involucrado en hechos del estallido social, emplazando de paso al Presidente José Antonio Kast por promesas de campaña incumplidas.
La agenda legislativa en materias de seguridad y derechos humanos vive horas de máxima complejidad en el Congreso Nacional. La denominada ofensiva de las fuerzas libertarias para conceder amnistías e indultos a exuniformados —tanto de la época de la dictadura militar como de aquellos involucrados en los incidentes del estallido social— ha desatado un profundo desorden en las filas de la derecha y ha trasladado un foco de alta tensión política directamente al Palacio de La Moneda.
Ante este complejo escenario, el Gobierno comandado por el Presidente José Antonio Kast ha optado estratégicamente por mantenerse al margen de la discusión pública. Esta cautela responde de forma directa a las fricciones internas que la materia genera en el bloque oficialista, puesto que en Chile Vamos han tomado una evidente distancia de la propuesta, optando por la prudencia institucional frente a las exigencias de los sectores más radicales de la coalición.
Dos frentes legislativos bajo la lupa
La arremetida de los sectores libertarios e independientes se está canalizando formalmente a través de dos vías legislativas paralelas que corren por carriles separados:
- La vía de la Amnistía General: Una moción impulsada y firmada por un bloque de senadores compuesto por Vanessa Kaiser (Libertaria), Carlos Kuschel (RN), Manuel José Ossandón (RN) y Rojo Edwards (Ind.-RN). El texto busca la amnistía total para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden que se encuentren imputados o condenados por su rol en el control público durante las manifestaciones del 18-O.
- La vía del Indulto Presidencial: Una intensa presión ejercida por la bancada de diputados libertarios, encabezada por su timonel, Johannes Kaiser, la cual busca forzar al Presidente Kast a utilizar su facultad de indulto general y particular. Este bloque ya ingresó la iniciativa formal al Senado para presionar directamente las determinaciones de la Jefatura de Estado.
El malestar al interior de las colectividades libertarias y republicanas se transparentó de manera física esta semana, cuando un numeroso grupo de parlamentarios realizó una procesión para acompañar al oficial de Carabineros, Pablo Carvajal, hasta el Centro de Justicia. En ambos partidos resienten con fuerza que el Presidente, a pesar de haberlo anunciado durante su periodo de campaña, no haya materializado aún ningún indulto presidencial.
“Existe el compromiso del Presidente de la República de hacerse cargo, individualmente, de los indultos respecto de personal policial y uniformado durante el 18-O. Hasta el momento no ha hecho nada. Han pasado tres meses, yo no sé cuánto tiempo se necesita para tomar una decisión en estas materias”, fustigó con dureza el diputado Johannes Kaiser.
Portazo de las comisiones en el Senado: Sin espacio en las tablas
A pesar del ímpetu de sus patrocinantes, los proyectos ingresados se han topado con un muro político infranqueable en el funcionamiento interno del Senado. El proyecto de amnistía, que ya fue dado a conocer formalmente en la Sala, quedó radicado provisoriamente en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El presidente de dicha instancia legislativa, el senador Pedro Araya (PPD), fue categórico en señalar que si el Ejecutivo no decide patrocinar o ponerle alguna urgencia explícita a la iniciativa, esta simplemente no será abordada ni discutida en el espacio parlamentario.
“Una de las comisiones que tiene más trabajo en el Senado es la de Constitución, nosotros tenemos una larga lista de proyectos para revisar, que además son bastantes complejos”, argumentó el senador Araya, precisando que la agenda prioritaria acordada con el Ejecutivo se enfoca exclusivamente en dos áreas: proyectos de ley vinculados a la seguridad pública y las reformas estructurales al sistema de justicia.
Un panorama aún más adverso le espera a la propuesta en la comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por la senadora independiente Fabiola Campillai, una de las víctimas más emblemáticas de la violencia institucional durante la crisis social del año 2019. Campillai advirtió con firmeza que bloqueará cualquier intento de poner el documento en tabla.
“Se van a encontrar con una oposición firme. Este proyecto contraviene los tratados y acuerdos que Chile ha firmado en materia de derechos humanos”, sentenció la parlamentaria.
Anatomía del proyecto: Excepciones y blindaje institucional
El polémico proyecto de amnistía consta estructuralmente de cuatro artículos de fondo. Su corazón normativo radica en el artículo primero, el cual busca conceder amnistía total al personal de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas que, entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022, hubiesen sido condenados, formalizados, procesados o se encuentren actualmente sujetos a investigaciones penales con motivo del ejercicio de sus funciones.
No obstante, en un intento técnico por viabilizar la tramitación, el artículo segundo del texto establece cinco excepciones absolutas en las cuales no se podrá otorgar el beneficio de la amnistía:
- Delitos de carácter sexual.
- Desaparición forzada y secuestro de personas.
- Delitos cometidos por motivos estrictamente personales (lucro, venganza o manifiesta desconexión con la labor institucional).
- Delitos contra la probidad administrativa, la fe pública o la administración de justicia.
- Delitos comunes ejecutados fuera del marco de los actos de servicio oficiales.
Frente al congelamiento de la discusión en Valparaíso, las impulsoras del proyecto decidieron endurecer su postura y llevar el conflicto de vuelta al corazón del Gobierno. Ocupando sus redes sociales oficiales, la senadora Vanessa Kaiser emplazó de manera directa al Mandatario en su cuenta de X, recordándole sus compromisos programáticos de la época de campaña.
“Llegó el tiempo de las definiciones, aunque ‘generen polémica’. ¿Está o no está La Moneda con los libertarios en el esfuerzo por indultar de manera general a nuestras policías y militares?”, cuestionó la legisladora, dejando la pelota en una Moneda que, por ahora, prefiere el silencio y resguardar la cohesión de sus fuerzas.
