La Fiscalía de La Araucanía acreditó que la hija menor de la víctima, de 17 años, se concertó con su pareja para pagar una cifra cercana a los 60 mil pesos a un compañero de liceo que actuó como sicario. El tribunal estimó que los imputados son un peligro para la sociedad y arriesgan la pena máxima de 10 años establecida en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Un crimen de ribetes espeluznantes, motivado por severos conflictos familiares y ejecutado bajo la modalidad de sicariato escolar, ha conmocionado a la Región de La Araucanía. Tras una reveladora audiencia formalizada ante el Juzgado de Garantía de Loncoche, se ordenó la medida cautelar de internación provisoria para tres adolescentes implicados directamente en el cruento homicidio de Ingrid del Carmen Barrera Rantul, una mujer de 53 años y madre de tres hijos.
La víctima fue hallada muerta al interior de su domicilio, víctima de múltiples heridas cortopunzantes de alta gravedad. Lo que inicialmente se reportó como un hallazgo fortuito por la propia familia, se transformó de forma radical tras las pericias realizadas por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyo trabajo científico e investigativo en el sitio del suceso logró desarticular una macabra trama criminal ideada por la propia hija menor de la fallecida.
Una ventana abierta, 60 mil pesos y un plan minuciosamente coordinado
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la menor de edad de iniciales H.G.C.B. (17 años), en plena concertación con su novio y compañero de colegio, R.I.F.F., decidieron contratar a un tercer adolescente del mismo establecimiento técnico, identificado como A.D.S.R., a quien le encargaron dar muerte a la mujer a cambio de un pago de entre $60.000 y $90.000.
Para asegurar el éxito del plan, la pareja le entregó al presunto sicario una detallada hoja de ruta que incluía las características físicas de Ingrid Barrera, el vehículo que conducía, las dependencias de la habitación en la que se encontraría durmiendo y el día exacto en que debía cometer el ilícito. Además, el pacto criminal consideró un factor facilitador clave: la hija de la víctima dejaría una de las ventanas del inmueble completamente abierta y sin seguros para permitir el ingreso fluido del agresor.
En horas de la mañana del pasado 15 de junio de 2026, el autor material se trasladó junto a R.I.F.F. hacia las cercanías del inmueble. Posteriormente, los novios se dirigieron con total normalidad a su jornada de clases en el colegio para construir una coartada perfecta, mientras A.D.S.R. ingresaba a la casa por la ventana previamente acordada.
La crueldad del ataque y el intento de coartada
La reconstrucción judicial arrojó pasajes de extrema crueldad. Cuando la dueña de casa salió de su habitación en el segundo piso, fue abordada de manera sorpresiva por el menor armado con un elemento cortopunzante. La víctima intentó repeler el letal ataque defendiendo su vida, logrando bajar las escaleras hasta el primer piso e incluso morder los dedos de su agresor. Ante la resistencia de la mujer, el atacante reanudó las estocadas con mayor violencia, propinándole una herida penetrante mortal a la altura del cuello.
Tras cometer el crimen, el imputado se lavó en el baño de la residencia y huyó para comunicarse con los ideólogos. Pasado el mediodía, la hija y su pareja regresaron a la vivienda y llamaron de forma cínica a Carabineros, declarándose completamente ignorantes del sangriento escenario.
No obstante, las pericias científicas derrumbaron su versión. La fiscal Ghislaine Durán detalló los hallazgos biológicos clave:
«Se hizo un trabajo del sitio del suceso, se encontraron huellas plantares y quedaba de cuenta la intervención de terceros. Se encontró una de las ventanas abiertas del inmueble y no se evidenciaron signos de fuerza en las puertas de acceso«, precisó la persecutora.
Calificación jurídica y las penas bajo el sistema de menores
En el bloque de formalización, el ente persecutor imputó cargos a los dos varones por el delito de homicidio calificado, mientras que la hija de la víctima enfrentará cargos por el grave delito de parricidio. La magistrada Evelyn Irribarra Orozco ordenó el ingreso inmediato de los tres al Centro de Internación Provisoria (CIP) de Cholchol, por estimar que su libertad total constituye un peligro inminente para la seguridad de la sociedad.
Debido a que todos los intervinientes son menores de edad ante la legislación nacional, la fiscal del caso aclaró el marco punitivo aplicable: «Las penas que ellos arriesgan, al considerar que son adolescentes, alcanzan una pena máxima legal de 10 años de régimen cerrado», indicó la persecutora penal.
Por su parte, el abogado defensor particular de la pareja estudiantil, Gonzalo Canales, se mostró cauto frente a la contundencia de las pruebas y deslizó un antecedente penal que encendió las alarmas públicas, señalando que el autor material del crimen presuntamente tendría participación en otros dos hechos delictivos anteriores de similares características. El tribunal fijó un estricto plazo de investigación de 120 días para realizar las pruebas científicas complementarias antes del juicio definitivo.
