
Un importante avance registró el operativo nacional de rastreo que busca dar con el paradero de 184 menores de edad desaparecidos, luego de confirmarse que la Oficina de Infancia de la Municipalidad de Estación Central localizó a los primeros siete niños haitianos incluidos en los listados de emergencia gubernamentales. Las víctimas fueron encontradas habitando en una extrema condición de hacinamiento y bajo la custodia de un tutor.
El despliegue interinstitucional en terreno se activó tras una serie de reuniones de emergencia en el Palacio de La Moneda, donde se diseñó un plan de búsqueda urgente encabezado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf. La estrategia consistió en cruzar bases de datos del Servicio Nacional de Migraciones y derivar nóminas con direcciones tentativas a los municipios a través de la Subsecretaría de la Niñez, convirtiéndose la comuna capitalina en la primera en arrojar resultados concretos.
Respecto al estado de los menores y las condiciones sociales en las que subsistían dentro del territorio, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señaló a los medios de comunicación que «están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza», detallando además que los siete niños se encuentran estables, pero bajo una profunda vulnerabilidad habitacional, lo que obliga a reconstruir con urgencia la trazabilidad de cada caso.
CUESTIONAMIENTOS A LAS AEROLÍNEAS Y EMPLAZAMIENTO POLÍTICO
El hallazgo encendió las alarmas políticas e institucionales respecto a la responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en la fiscalización de los vuelos que ingresaron al país. Sobre esta presunta negligencia en los controles, la exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó de manera categórica que «la DGAC tiene que responder por qué siguen o siguieron operando aerolíneas sin cumplir con los requisitos de pasajeros, de individualización y de documentos», criticando de paso el silencio de la Defensoría de la Niñez frente a las advertencias internas previas.
La discusión escaló al parlamento, donde diputados del Partido Republicano, entre ellos Álvaro Carter, Fernando Ugarte y Stephan Schubert, emplazaron directamente al expresidente Gabriel Boric a entregar explicaciones políticas por la gestión migratoria de su administración, periodo en el cual se ejecutó el ingreso coordinado de estos cientos de menores que hoy se encuentran bajo la lupa de la justicia y las policías.




