Una masiva y coordinada acción institucional lidera el Ejecutivo para enfrentar la crisis migratoria y de seguridad más compleja del último tiempo, luego de que el presidente José Antonio Kast encabezara este jueves una reunión de trabajo de máxima urgencia en el Palacio de La Moneda. La cita tuvo por objetivo analizar la situación de menores de nacionalidad haitiana presentes en el país y coordinar acciones inmediatas destinadas a resguardar sus derechos y bienestar, tras los devastadores antecedentes sobre un presunto tráfico ilícito de menores de edad procedentes de Haití registrados preliminarmente entre enero y octubre de 2025.
El encuentro de alto nivel contó con la participación de las máximas autoridades del país, incluyendo a las presidentas de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y del Senado, Paulina Núñez; el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Felipe Camaño; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el subcontralor nacional, Víctor Hugo Merino.
A la cumbre de Estado se sumó un robusto comité político y de seguridad compuesto por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; y los ministros de Defensa Nacional, Fernando Barros; de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Seguridad Pública, Martín Arraú; de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; y de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.
Tras el término de la cita, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, entregó un balance oficial del encuentro, señalando que “acabamos de tener una reunión liderada por el Presidente de la República, y en la cual participaron los diferentes Poderes del Estado y autoridades, para discutir sobre los alcances de las denuncias e informaciones que hemos conocido respecto al ingreso masivo de niños y adolescentes provenientes de Haití y eventuales irregularidades en su llegada a Chile”.
Asimismo, la secretaria de Estado, María Jesús Wulf, detalló las drásticas medidas instruidas por el Mandatario para enfrentar la contingencia, manifestando que “el presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar la protección de niños”. En esa misma línea, la ministra María Jesús Wulf confirmó un importante golpe de timón operativo, indicando que “se ha creado una Fuerza de Tarea para agilizar la búsqueda de información, y el presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado”.
Esta instancia operativa viene a reforzar la total prioridad gubernamental adelantada previamente por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien tras una cita interministerial preliminar había remarcado de forma tajante que “no vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas”.
EL ENTRAMADO DE ALERTAS IGNORADAS Y DOCUMENTOS FRAUDULENTOS
La investigación penal —hoy en manos del Ministerio Público— apunta directamente a las graves fallas de fiscalización ocurridas principalmente bajo el gobierno anterior, luego de que un preinforme de la Contraloría delatara el ingreso de grupos de niños mediante vuelos chárter de madrugada, a cargo de supuestos adultos responsables sin ningún vínculo familiar directo ni tutelas legales validadas.
Según los antecedentes recopilados en la denuncia del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y las pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), se constató que al menos 12 adultos ingresaron de manera reiterada al país actuando como tutores falsos. La situación se vio fuertemente complejizada tras salir a la luz el Memorándum N° 1886/2024, firmado en mayo de 2024 por el entonces director del Sermig, Luis Eduardo Thayer.
Dicho documento explícitamente instruyó flexibilizar y aceptar certificados de nacimiento y antecedentes penales de ciudadanos haitianos sin las legalizaciones ni los trámites consulares habituales, criterio que hoy está bajo la estricta lupa de la Fiscalía. A esto se suma la inacción de carteras clave durante el periodo de las alertas primarias.
El exdiputado Juan Manuel Fuenzalida denunció haber advertido formalmente de esta llegada «entre gallos y medianoche» de aviones chárter con decenas de niños a los entonces ministros Carolina Tohá, Manuel Monsalve y Luis Cordero, acusando que en su momento «fue como hablar con una pared» porque nadie se cuestionaba los masivos arribos.
Por su parte, el actual defensor de la Niñez, Anuar Quesille, confirmó que el organismo despachó múltiples oficios preventivos a la Subsecretaría de la Niñez y la PDI desde el año 2023. Sin embargo, la autoridad acusó que solo obtuvieron respuestas que acusaban recibo de los antecedentes y ninguna medida concreta, gatillando el actual escenario de vulnerabilidad que la nueva Fuerza de Tarea del Gobierno busca esclarecer con máxima urgencia.
