En el marco de una ofensiva judicial que ya suma más de 90 mil demandas, la Tesorería General de la República reveló ante la Comisión de Educación que la deuda acumulada supera los $4,1 billones, afectando activamente las cuentas bancarias y activos financieros de los morosos.
La Tesorería General de la República (TGR) presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados un detallado y preocupante balance sobre el estado actual del Crédito con Aval del Estado (CAE). Las cifras expuestas revelan que la deuda acumulada ya alcanza la histórica suma de $4,1 billones, manteniendo a más de 563 mil personas con obligaciones financieras asociadas a este sistema de financiamiento estudiantil.
Para dimensionar la magnitud del problema, el organismo precisó que el volumen actual de la deuda equivale a la construcción de más de 10 hospitales de alta complejidad, como el de La Serena. Las proyecciones institucionales tampoco son alentadoras: se estima que al cierre de 2026 la deuda podría escalar hasta los $4,4 billones, lo que representaría cerca de 1,1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Respecto al comportamiento de los usuarios, la TGR informó que el 47% de los deudores se encuentra actualmente en mora o bajo cobro fiscal, mientras que solo un 28% mantiene sus compromisos al día y el 25% restante continúa en etapa de estudios.
Ofensiva judicial: Demandas, retenciones y embargos
El organismo recordó que, una vez que se activa la garantía estatal ante el no pago, la deuda del CAE se transforma automáticamente en un crédito fiscal, facultando su cobro bajo las estrictas normas del Código Tributario.
En este contexto, la Tesorería detalló las severas acciones de cobranza ejecutadas durante el presente año:
- Notificaciones masivas: Se han enviado avisos de cobro a más de 444 mil deudores.
- Lluvia de demandas: Entre los meses de abril y junio, la TGR emitió 90.933 demandas judiciales, por un monto global que ronda los $955 mil millones.
- Bienes y cuentas afectadas: Un total de 1.535 deudores han sufrido el embargo o la retención de sus bienes, una estrategia que civilmente ha permitido recaudar más de $4.200 millones.
Desde la TGR enfatizaron que el embargo de cuentas bancarias y activos financieros no es una medida nueva, sino una herramienta aplicada desde hace más de 15 años que representa más del 70% de las acciones de embargo realizadas anualmente, destacando su alta eficacia para la recaudación fiscal.
Respaldo legal y el freno de los tribunales a los recursos de protección
Frente a los cuestionamientos por la dureza de las medidas, el servicio recalcó que su actuar responde estrictamente a un mandato legal regido por el Decreto Ley N° 1.263, el cual establece que la Tesorería debe encargarse obligatoriamente de la cobranza judicial o administrativa de los créditos fiscales, incluyendo los saldos del CAE.
Asimismo, se informó que este procedimiento cuenta con el pleno respaldo de la Contraloría General de la República y de los tribunales superiores de justicia, los cuales han blindado el accionar de la TGR frente a las reclamaciones de los usuarios:
- El 82,7% de los recursos de protección presentados por deudores durante 2026 han sido declarados inadmisibles.
- La Corte Suprema ha rechazado categóricamente 520 acciones de este tipo, ratificando la legalidad de los embargos.
Recaudación total y facilidades a través de convenios de pago
A pesar del alto índice de morosidad, las distintas herramientas de regularización han permitido que la recaudación total asociada al CAE durante 2026 alcance los $79.725 millones. Este monto se compone de $30.818 millones mediante pagos directos, $20.208 millones a través de convenios y $4.207 millones retenidos como compensación en la pasada Operación Renta.
Con el objetivo de contener la judicialización, al 14 de junio se han suscrito 40.445 convenios de pago, logrando una recaudación superior a los $26 mil millones solo por concepto de pie o pago inicial.
Finalmente, la TGR destacó que se han flexibilizado las condiciones para facilitar que los usuarios se pongan al día, asegurando que el 81% de los deudores actuales podría acceder a un convenio pagando un pie equivalente a solo una UTM, permitiendo además ajustar el valor de las cuotas posteriores según el nivel de ingresos real de cada persona.
