Con 94 votos a favor y el respaldo clave del centro político, la iniciativa del Ejecutivo superó su primer trámite legislativo y avanza al Senado. Los recursos buscan cubrir la profundización del déficit efectivo, fluctuaciones del tipo de cambio y compromisos ineludibles de pago como los proveedores del Estado.
En una jornada legislativa clave para las arcas fiscales del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicita una autorización para un mayor endeudamiento durante este año por un monto de US$6.200 millones adicionales. Con una votación que sumó 94 votos a favor y 52 en contra, la iniciativa logró sortear con éxito su primer trámite constitucional, alcanzando el quórum necesario para continuar su discusión en el Senado.
Para conseguir este crucial avance, el Gobierno no solo alineó los votos del oficialismo y del PNL, sino que además logró sumar los respaldos estratégicos de las bancadas de Demócratas, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).
Desde este último bloque, la diputada Zandra Parisi confirmó el apoyo a la medida, manifestando una postura de realismo económico frente a la contingencia:
“A nadie le gusta endeudarse, pero vemos que el Gobierno no tiene más opciones”, remarcó de forma tajante la parlamentaria, al tiempo que exigió de manera estricta una mayor transparencia y rigurosidad en el uso y destino final de estos multimillonarios recursos.
Escenario fiscal crítico: ¿Por qué el Estado necesita más recursos?
En términos generales, este proyecto de ley faculta al Gobierno Central a ampliar su capacidad de deuda para el ejercicio 2026, añadiendo US$6.200 millones por sobre los US$17.400 millones que ya habían sido autorizados originalmente en la Ley de Presupuestos de este año. De acuerdo con lo estipulado en el Mensaje Presidencial, esta solicitud extraordinaria responde directamente a “la actualización del escenario fiscal que genera requerimientos adicionales de financiamiento para el ejercicio presupuestario 2026”.
El desglose técnico de las necesidades de financiamiento incorporadas en el proyecto de ley revela tres focos de urgencia económica:
- US$3.800 millones se destinarán a enfrentar la profundización del déficit efectivo proyectado.
- US$900 millones se requieren para absorber las diferencias negativas generadas por el tipo de cambio.
- US$1.500 millones serán utilizados para el cumplimiento de compromisos ineludibles de pago del Estado, destacando de forma prioritaria las obligaciones pendientes con los proveedores del sector público.
Este escenario marca un hito de alerta, ya que corresponde a la segunda vez en la historia reciente que el Gobierno debe recurrir a esta salida de emergencia de solicitar una autorización adicional de endeudamiento, una herramienta que previamente solo se había utilizado de forma excepcional durante la crisis sanitaria de la pandemia.
Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo
Antes de llegar a la Sala de la Cámara Baja, el proyecto de ley debió sortear un complejo y adverso análisis en las comisiones de Hacienda y de Economía, instancias donde inicialmente fue visado exclusivamente con los votos de los diputados oficialistas.
Fue en la Comisión de Hacienda donde expuso el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo técnico que encendió las alertas respecto a la sostenibilidad de la deuda pública. El CFA sugirió formalmente al Ejecutivo y a los legisladores generar nuevas fuentes de financiamiento de carácter permanente en lugar de seguir recurriendo a créditos internacionales.
Entre las alternativas estructurales propuestas por el Consejo para solventar los gastos ya comprometidos por el fisco se encuentran potenciar las políticas que apunten a un mayor crecimiento económico nacional, incrementar de manera urgente la eficiencia del ajuste del gasto público, endurecer las fiscalizaciones para lograr una menor evasión y elusión tributaria, y estructurar estrategias que garanticen mayores ingresos fiscales estables.
Con el primer obstáculo superado en el Congreso, el debate económico y la viabilidad fiscal de la nación se trasladan ahora formalmente a las comisiones del Senado, donde se prevé una discusión altamente técnica y con fuertes exigencias de austeridad por parte de los bloques de oposición.
