
La seremi Noelia Garrido entregó antecedentes clave a la fiscal regional Virginia Aravena sobre presuntas estafas habitacionales en el sector Alto Comiña y cobros fraudulentos por trámites que son gratuitos. Las autoridades activaron coordinaciones penales para frenar los delitos que golpean al patrimonio fiscal y a las familias de la provincia del Tamarugal.
Un duro golpe a las redes operativas dedicadas a la usurpación y comercialización fraudulenta de terrenos estatales se articuló en la Región de Tarapacá. Con el objetivo de fortalecer el resguardo del patrimonio fiscal y coordinar acciones directas frente a denuncias que podrían revestir el carácter de delito penal, la seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Noelia Garrido, sostuvo una crucial reunión de trabajo con la fiscal regional, Virginia Aravena.
Durante el encuentro de alta coordinación, ambas autoridades abordaron de manera detallada diversos antecedentes de carácter reservado que ya fueron remitidos por la Seremi al Ministerio Público. Estos informes apuntan a eventuales ocupaciones ilegales de inmuebles fiscales, presuntos loteos irregulares y estafas que estarían afectando de forma directa a habitantes y organizaciones sociales de la provincia del Tamarugal.
Redes de engaño: Los casos detectados en Pica y La Tirana
Entre los casos más graves que fueron analizados bajo lupa jurídica se encuentra una denuncia formal presentada en contra de una pobladora, vinculada directamente a la ocupación ilegal de un terreno fiscal en el sector de Alto Comiña, en la comuna de Pica. De acuerdo con los antecedentes remitidos a los persecutores de la Fiscalía, una de las víctimas habría efectuado cuantiosos pagos por la supuesta entrega y uso de un terreno que, tras las fiscalizaciones de rigor, se constató que está emplazado en un inmueble de propiedad exclusiva del Estado.
Paralelamente, las autoridades revisaron los antecedentes de otra preocupante denuncia ingresada ante la Seremi. Esta dice relación con eventuales cobros irregulares realizados a los socios de una organización en la localidad de La Tirana.
Según los datos recopilados por el servicio técnico, terceras personas habrían estado exigiendo montos de dinero por supuestas gestiones y trámites asociados a terrenos fiscales y procesos de regularización. Esto, a pesar de que estos procedimientos son absolutamente gratuitos ante el Ministerio de Bienes Nacionales y no requieren de intermediarios informales.
Tolerancia cero a la usurpación del patrimonio público
Tras la cita con la jefa regional del Ministerio Público, la seremi Noelia Garrido enfatizó el rol fiscalizador que mantendrá la cartera en el territorio tarapaqueño:
«Como institución tenemos el deber de proteger el patrimonio fiscal y denunciar cualquier hecho que pueda afectar a la ciudadanía o comprometer bienes del Estado. Por ello, hemos puesto a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes recabados para que sean investigados y se determinen las responsabilidades penales que correspondan», aseveró de forma tajante.
La secretaria regional ministerial agregó que la alianza y el flujo de información con la Fiscalía resulta una herramienta fundamental para enfrentar a estas organizaciones, las cuales generan profundos perjuicios económicos a las familias de la provincia y entrampan la correcta administración y planificación de los suelos fiscales de la zona interior.
Llamado de alerta a la comunidad de El Tamarugal
Por su parte, la fiscal regional, Virginia Aravena, valoró profundamente el trabajo colaborativo interinstitucional y remarcó la importancia de contar con información técnica oportuna para agilizar y desarrollar las investigaciones correspondientes dentro del marco legal vigente en el país.
Frente a este escenario de vulnerabilidad habitacional y proliferación de engaños, la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá reiteró su compromiso con la fiscalización permanente de los inmuebles fiscales en toda la región.
Asimismo, la entidad gubernamental formuló un enérgico llamado a toda la comunidad a informarse debidamente a través de los canales oficiales de la institución antes de efectuar cualquier tipo de pago, firma de contratos o compromisos de palabra relacionados con terrenos baldíos. Las autoridades recordaron que todos los trámites del Ministerio son personales y, en los casos establecidos expresamente por la ley, completamente gratuitos, por lo que cualquier cobro externo debe ser denunciado de inmediato.




