Una contundente luz verde en la Sala de la Cámara Alta reactivó la tramitación del incremento salarial tras superar con éxito su segundo trámite legislativo. La propuesta gubernamental avanza en su debate político buscando equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con los actuales índices de empleabilidad y la realidad macroeconómica que atraviesa el territorio nacional.
Con un sólido respaldo de 35 votos a favor, la iniciativa avanzó formalmente en su idea de legislar. Sin embargo, la unanimidad se quebró ante las manifestaciones en contra de los senadores Karim Bianchi y Vlado Mirosevic, junto a la abstención de la senadora de las filas del Partido Nacional Libertario (PNL), Vanessa Kaiser, reflejando la fuerte división interna. Tras este paso, el proyecto que modifica el ingreso mensual, las asignaciones y el subsidio familiar regresará a la Comisión de Hacienda.
TRAMITACIÓN EN HACIENDA
Es así como, Javier Macaya, senador y presidente de la Comisión de Hacienda, fue el encargado de informar la medida ante el pleno del hemiciclo y reconoció los reparos de la interna al comentar: “Algunos de los miembros de la Comisión manifestaron su preocupación por la suficiencia del monto del reajuste. Con 553 mil no se vive, pero el reajuste por IPC conversa con el actual mercado laboral y las medidas que se tomarán en el futuro”.
La propuesta legal estipula fijar el ingreso mínimo mensual en $553.553 a contar de mayo de 2026, representando una variación del 2,7% respecto al indicador de comienzos de año. De igual forma, el cuerpo legal determina que para los menores de 18 años y mayores de 65 años el piso imponible se elevará a $412.938, fijando además un reajuste automático por IPC para enero de 2027.
Por su parte, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, defendió la prudencia de la cifra enviada por el Ejecutivo al afirmar: “La realidad muestra que de subir el guarismo hay impacto en el desempleo y cuidando esa realidad el Ejecutivo ha estimado prudente reajustar solo por concepto del IPC”.
Desde la vereda de la oposición y el oficialismo parlamentario, la discusión generó intensos cruces respecto al verdadero costo de la vida y la dirección económica de la administración central. Claudia Pascual, senadora de la República, criticó duramente el foco del reajuste al sentenciar: “Esta discusión debería estar siempre vinculada al costo de la vida, a cómo ha golpeado en la economía familiar la eliminación del MEPCO. Es una noticia lamentable”.
En esa misma línea crítica, se sumaron cuestionamientos sobre las prioridades fiscales y el impacto real que tendrá este reajuste en los presupuestos de los hogares vulnerables.
Además, Daniel Núñez, senador de la República, disparó contra el mensaje de La Moneda al declarar: “Indigna que el gobierno le esté dando bonos multimillonarios al 1% más rico de la población y al trabajador, la trabajadora promedio le esté dando 14 lucas que no alcanzan para nada”.
Asimismo, surgieron duros cuestionamientos al lenguaje y la narrativa utilizada por el Ejecutivo para justificar la contención del gasto público en la tramitación paralela de sus planes.
En cuanto a ello, Alfonso De Urresti, senador de la República, cuestionó la terminología oficialista al asegurar: “Este país no está quebrado ni se cae a pedazos; reconstrucción es después de un terremoto. Cuando se utiliza este concepto es equívoco y engañoso”.
Por su parte, la defensa de la prudencia fiscal apuntó a mirar el escenario de la informalidad y los altos índices de desocupación que golpean a las distintas regiones del país.
También, Carlos Kuschel, senador de la República, justificó su postura apuntando a la realidad de las regiones al recalcar: “Por supuesto que me gustaría un reajuste mayor. En mi Región, de tener prácticamente pleno empleo, hoy estamos llegando a un 7% de cesantía con una enorme informalidad. La mejor política social es la generación de empleo”.
Desde las bancadas oficialistas recordaron que este incremento no viene en el aire, sino que convive con otras normativas laborales de profunda transformación estructural.
Finalmente, Gustavo Sanhueza, senador de la República, pidió una mirada global del escenario al manifestar: “Llevamos más de 40 meses con un alto desempleo. Hay aspectos que se están abordando con la mega reforma, pero también hay otros elementos como el alza de la mano de obra, que tiene que ver con la reforma de pensiones, ley de 40 horas y una serie de elementos”.
La mesa del Senado fijó como plazo definitivo para la presentación de indicaciones técnicas el lunes 15 de junio, adelantando de paso que el texto definitivo será votado de manera particular en la Sala durante la jornada del martes 16.
