Una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía Local de Alto Hospicio y la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI culminó con la detención y el encarcelamiento de un hombre de 62 años. El imputado está acusado de producir y almacenar registros de connotación sexual de manera oculta, afectando gravemente a su propia nieta dentro del hogar y a decenas de transeúntes en las calles de la comuna.
La indagatoria penal arrancó el pasado 30 de mayo de 2026, luego de que el padre de la menor afectada descubriera aberrantes carpetas guardadas en una nube de Google Drive conectada al computador familiar. Tras recibir los antecedentes, el Ministerio Público tramitó con máxima urgencia una orden de detención verbal, la cual fue ejecutada por detectives el pasado 9 de junio, logrando incautar múltiples equipos tecnológicos portátiles.
Es así como, Camila Albarracín, fiscal a cargo del caso, detalló en el informe técnico que las pericias iniciales arrojaron la existencia de 21 archivos audiovisuales delictivos captados entre los años 2022 y 2026. De este grupo de evidencias de alta connotación, 17 de ellas corresponden directamente a la nieta del sujeto, registros que comenzaron a tomarse de forma clandestina cuando la víctima tenía apenas 13 años.
En esa línea, la fiscal a cargo del caso, manifestó de forma contundente: «El día de hoy hemos formalizado a un sujeto de nacionalidad chilena que tenía más de 60 años en virtud de que éste habría producido y almacenado material de explotación sexual infantil particularmente de su nieta en ese entonces de 13 años y quien también habría captado imágenes en la vía pública de distintas mujeres particularmente bajo sus ropas sin que notaran lo que sucedía».
Durante la audiencia de formalización, la abogada asistente de la Fiscalía, María Alejandra Jorquera, imputó formalmente los cargos de producción y almacenamiento de material de explotación sexual infantil, sumando las agravantes de parentesco y abuso de confianza, junto al delito de captación de imágenes íntimas en la vía pública contra escolares y mujeres. El tribunal acogió la solicitud y decretó la prisión preventiva del antisocial, fijando un plazo de cierre investigativo de 90 días.
