Una situación de extrema urgencia mantiene en vilo a los productores agrícolas de la Provincia del Tamarugal. La crisis de la mosca de la fruta está golpeando duramente a las comunidades de Pica, Matilla y Quisma, donde cientos de familias han perdido una parte importante de su producción debido a la tala obligatoria de árboles de guayaba, naranja y limones. A la emergencia fitosanitaria se suma la desesperación de los afectados, quienes denuncian severos retrasos en los pagos de las retribuciones económicas previamente comprometidas por el Estado.
Desde el Congreso Nacional en Valparaíso, la voz del distrito se hizo escuchar con fuerza en el parlamento. En plena sesión de la Sala de la Cámara de Diputados, Carlos Carvajal manifestó que «hoy vengo a dar voz a la desesperación de los agricultores del Oasis de Pica, Matilla y el Valle de Quisma de mi región de Tarapacá. El brote de la mosca de la fruta es más que una crisis fitosanitaria, se ha transformado en una catástrofe económica que afecta a cientos de familias de nuestra región. Los testimonios locales son desgarradores, pues hay familias que han perdido su producción por la tala de árboles de guayaba, naranja, limones, entre otros».
CATÁSTROFE ECONÓMICA Y CONTRABANDO FRONTERIZO
La falta de recursos públicos agrava la vulnerabilidad de los agricultores de la zona cordillerana. Continuando con su intervención desde la testera, el diputado de Tarapacá, Carlos Carvajal, denunció que «por otra parte, los propios agricultores denuncian que desde el mes de abril el Estado no le está pagando la retribución por kilo de fruta eliminada. Es sabido también que el contrabando descontrolado de la fruta ilegal desde las fronteras termina vendiéndose en nuestras ferias. Los funcionarios del SAG hacen lo que pueden, pero no dan abasto porque les faltan recursos permanentes y no cuentan con el apoyo suficiente para detener a los vehículos de este tráfico ilegal».
Para frenar el abandono de la actividad, el legislador solicitó formalmente una fiscalización inmediata al Gobierno. Desde su asiento en la Cámara Baja, el diputado Carlos Carvajal requirió que «por lo tanto, señor presidente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, para que nos informe lo siguiente. Uno, informar razones técnicas para la suspensión de los pagos de retribución por kilo a agricultores afectados e informar si se reactivarán. Dos, si existe un plan y financiamiento para instalar una barrera sanitaria preventiva y permanente en la zona. Y tres, informar de medidas de trazabilidad para frenar la comercialización de fruta de contrabando y que se nos informe los resultados de mesa de trabajo para enfrentar este terrible problema. Por nuestra comuna de Pica, he dicho, señor presidente».
Las organizaciones locales recalcaron que no se puede dejar solos a quienes sostienen una parte fundamental de la identidad y de la economía regional.
