En el marco del Día de los Patrimonios, el concejal Cristián Barra ingresó un requerimiento formal a la casa consistorial iquiqueña. La autoridad exige soluciones urgentes frente al peligro constante que acusan peatones y automovilistas en el Paseo Baquedano, advirtiendo que «el patrimonio más importante son las personas».
El Paseo Baquedano, epicentro del turismo, la bohemia y la identidad arquitectónica de la Región de Tarapacá, se encuentra en el centro de un profundo debate que cruza la conservación histórica con la seguridad urbana de los iquiqueños. Aprovechando la reciente conmemoración del Día de los Patrimonios, una fecha que habitualmente se vuelca hacia las celebraciones nostálgicas, el concejal Cristián Barra instaló una incómoda pero urgente interrogante en la agenda pública local sobre el estado actual del icónico bulevar.
A través de un emplazamiento directo a la comunidad y a las autoridades edilicias, Barra cuestionó la inacción estructural respecto a elementos urbanos que, a su juicio, ya perdieron su vida útil y hoy representan un peligro latente. “En el Día de los Patrimonios, lo invito a que se haga la siguiente pregunta: ¿Cuándo nos olvidamos que por este sector ya no transita ningún tren y que esto se ha transformado en un verdadero problema para la comunidad?”, interpeló el concejal, abriendo una discusión necesaria sobre los límites entre conservar la historia y mitigar los riesgos cotidianos.
Conservar no es sinónimo de ignorar el peligro diario
Para el legislador comunal, el debate no busca restarle valor al glorioso pasado salitrero que dio origen a la arquitectura de pino oregón y a las vías del tranvía en la actual Zona Típica. Sin embargo, Barra enfatiza que la protección de los monumentos no puede transformarse en una excusa para el abandono fiscal o la desidia vial. “Hablamos mucho de conservar nuestra historia y estoy completamente de acuerdo, pero conservar no significa ignorar los problemas. Estas líneas férreas permanecen en pleno centro de Baquedano pese a que ya no cumplen su función original”, argumentó de forma tajante.
El diagnóstico que expone el concejal describe una preocupante realidad en la superficie del paseo peatonal, donde la falta de mantención, los desniveles y las brechas del pavimento junto a las estructuras metálicas pasan la cuenta diariamente tanto a residentes como a turistas. “Hoy el tren ya no pasa, sin embargo el riesgo de caída de peatones es constante y también los problemas que presentan los automovilistas. ¿Cuándo nos acostumbramos a caminar sobre el olvido?”, disparó la autoridad, relevando las constantes denuncias de tropiezos de adultos mayores, dificultades para coches de niños y personas con movilidad reducida, además de los daños en las suspensiones de los vehículos que cruzan el sector en las intersecciones habilitadas.
Ofensiva fiscalizadora: El municipio queda bajo la lupa
Con el fin de pasar del discurso a la acción institucional, Cristián Barra confirmó que ingresó un requerimiento formalizado para obligar a la casa consistorial a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. “Oficié al municipio para que estudie una solución responsable que permita compatibilizar la protección del patrimonio con una mejor experiencia para quienes recorren este sector”, detalló. Con esta acción administrativa, el panorama entra en una etapa de definiciones técnicas donde la administración del alcalde Mauricio Soria deberá transparentar sus planes de inversión y conservación para el casco histórico.
El concejal iquiqueño concluyó su ofensiva parlamentaria local dejando en claro que la prioridad de cualquier política pública de conservación debe centrarse en el bienestar humano por sobre el fetiche de los objetos inanimados. “Luego de mi oficio ahora el municipio debe responder: ¿Qué ha hecho todo este tiempo para solucionar esta situación y entre otras varias interrogantes? Porque el patrimonio más importante nunca estuvo sobre los rieles… El patrimonio más importante son las personas que caminan sobre ellos todos los días”, remató Barra, instalando una presión política que obligará a la Municipalidad de Iquique a buscar un equilibrio urgente entre el resguardo del Consejo de Monumentos Nacionales y la seguridad vial de sus ciudadanos.
