Un amplio apoyo logró en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca eximir a los adultos mayores del pago de contribuciones por su primera vivienda. La propuesta del gobierno, que avanza al Senado, fue aprobada con votos del PDG y algunos descolgados de la DC, PPD y el Partido Liberal. La medida encendió las alarmas de los alcaldes por la disminución de ingresos en el Fondo Común Municipal.
La recaudación del impuesto territorial representa una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo local, redistribuyendo el dinero hacia las comunas con mayores necesidades. Con respecto a la falta de certezas sobre las compensaciones presupuestarias que percibirán las comunas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, criticó las falencias de la norma aprobada.
La parlamentaria advirtió que «si este punto desde la Cámara llega al Senado sin esa claridad, o como se mantiene, como está en el texto del proyecto, que es que esta compensación va a depender de la ley de presupuesto, obviamente, y no tengo ninguna duda que va a ser de manera transversal, vamos a instar a que eso se corrija» instalando la urgencia de modificar el cuerpo legal en el segundo trámite constitucional.
El descontento en el mundo edilicio es profundo ante el riesgo de desfinanciamiento en los territorios del país. El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, manifestó su preocupación señalando que «cuando se dice que se va a eliminar sin una focalización, las contribuciones nos ponen en alerta, nos pone en riesgo» y anticipando un complejo escenario financiero.
El jefe comunal detalló que la disminución de recursos significaría que su comuna recaudaría 18.000 millones menos, distribuidos en 12.000 millones menos para el Fondo Común y 6.000 millones menos para la Municipalidad. Una merma de esta magnitud golpea de manera directa los servicios esenciales de la ciudadanía, tales como salud, luminarias y espacios públicos.
Respecto a la falta de certezas sobre la devolución de los fondos por parte del Ejecutivo, el alcalde Jaime Bellolio abrió la interrogante sobre el destino de los presupuestos comunitarios. La autoridad fustigó la propuesta centralizada enfatizando que «hasta ahora el Gobierno ha dicho que va a compensar esos 12.000. La pregunta es quién va a compensar esos 6.000».
En la misma línea de los alcaldes, las autoridades locales anticipan un duro impacto para la comunidad. El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, expuso la inquietud de las municipalidades manifestando que «los municipios nos ponemos desde hoy día en alerta para poder afrontar la nueva realidad financiera que se viene en el espacio donde más la ciudadanía asiste a resolver sus necesidades».
De acuerdo con el informe financiero de la iniciativa, la implementación de la medida costará en régimen unos 200 millones de dólares al año. Frente a la falta de viabilidad técnica que acusa el proyecto por la fórmula presupuestaria elegida, el diputado PPD, Ricardo Celis, reconoció la complejidad de la discusión en el Congreso.
El parlamentario afirmó que «tal como está en este momento, no hay, yo creo, espacio» y argumentó que la propuesta requiere una conversación amplia, escuchando a los alcaldes y buscando mecanismos de compensación u otras medidas que pudieran mitigar los efectos que pudiera tener sobre los municipios para salvar la reforma.
En la misma línea legislativa, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, transparentó la severa preocupación del sector respecto al desamparo en las prestaciones comunales. El legislador oficialista señaló que «una afectación al Fondo Común y Municipal va a afectar el financiamiento del recogimiento de la basura, de las luminarias, de los espacios públicos, de la salud primaria».
Frente a la crisis que se anticipa en el desarrollo local, el senador Diego Ibáñez anunció que buscarán reordenar las posturas políticas del sector. El parlamentario cerró su intervención asegurando que «así que vamos a trabajar por tratar de revertir esta situación en el Senado» para dar absoluta seguridad financiera a las regiones.
