La ley 21.819 introduce ajustes estructurales a la Nueva Educación Pública, fortalece la gestión de los Servicios Locales, modifica normas administrativas y busca evitar crisis como las registradas en algunos territorios. La normativa incorpora cambios en gobernanza, continuidad docente, instalación de los SLEP y mecanismos de acompañamiento estatal.
La educación pública chilena inició una nueva etapa. Este lunes 25 de mayo fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.819, normativa que introduce una profunda modificación a la Ley 21.040 —que creó el Sistema de Educación Pública— y a otros cuerpos legales, con el objetivo de fortalecer la gestión educativa, corregir problemas detectados en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y mejorar las condiciones administrativas del sistema.
La reforma llega en medio de cuestionamientos a la implementación de la Nueva Educación Pública, especialmente tras dificultades operativas registradas en distintos territorios del país, donde comunidades escolares denunciaron falencias administrativas, problemas de infraestructura, pagos, transporte escolar y gestión institucional. El Ejecutivo sostuvo durante la tramitación que la ley busca “ajustar el modelo” sin abandonar el proceso de desmunicipalización, fortaleciendo capacidades antes del traspaso total de establecimientos al nuevo sistema.
¿Qué cambia con la Ley 21.819?
La nueva legislación no elimina el sistema de SLEP, pero sí modifica aspectos considerados críticos en la instalación de la educación pública estatal. Entre los principales cambios se encuentran ajustes a la administración, nuevas facultades de gestión y un reforzamiento institucional de la Dirección de Educación Pública (DEP), organismo encargado de supervisar el funcionamiento del sistema.
La Ley 21.040, promulgada en 2017, creó un modelo de transición progresiva desde la educación municipal hacia un sistema administrado por Servicios Locales de Educación Pública. La meta fue reemplazar la administración de los municipios por organismos especializados dependientes del Estado, encargados de escuelas, liceos y jardines públicos.
Sin embargo, tras varios años de implementación, el sistema enfrentó dificultades operativas y administrativas que motivaron una revisión legal. El proyecto que terminó convertido en ley ingresó al Congreso en 2024 y fue perfeccionado durante su tramitación legislativa mediante indicaciones impulsadas por el Gobierno, parlamentarios y actores del mundo educativo.
Fortalecimiento de los SLEP y nuevas herramientas de gestión
Uno de los ejes centrales de la reforma es fortalecer la gobernanza y operación de los SLEP, entidades que administran la educación pública en los territorios.
La nueva ley mejora normas de administración, instalación y funcionamiento de los servicios locales, incorporando mecanismos destinados a corregir problemas detectados durante los primeros años de implementación, especialmente en servicios que evidenciaron dificultades para garantizar continuidad operacional y respuestas oportunas a las comunidades educativas.
Entre los cambios se consideran medidas para mejorar la planificación del traspaso desde municipios, reforzar acompañamientos técnicos, facilitar procesos administrativos y asegurar mejores condiciones para el funcionamiento institucional de los servicios locales.
Cambios para docentes y trabajadores de la educación
La ley también incorpora modificaciones que impactan directamente al personal educativo.
Durante la tramitación legislativa se destacó la incorporación de mecanismos para reconocer trayectorias prolongadas de docentes que cumplen funciones permanentes dentro del sistema, buscando disminuir incertidumbres asociadas a renovaciones sucesivas y fortalecer continuidad institucional en establecimientos públicos.
Asimismo, la normativa introduce ajustes a reglas laborales y administrativas relacionadas con trabajadores de la educación y organizaciones gremiales, incorporando disposiciones complementarias sobre permisos y funcionamiento sindical en el sistema educativo.
El foco: evitar nuevas crisis en la educación pública
El debate legislativo estuvo marcado por los problemas registrados en diversos SLEP, especialmente situaciones de crisis administrativas que pusieron presión sobre el modelo de implementación de la Nueva Educación Pública.
Durante la discusión parlamentaria se insistió en que el objetivo no era retroceder en la desmunicipalización, sino fortalecer el sistema para evitar interrupciones de clases, falencias administrativas y deficiencias de gestión que terminaran afectando directamente a estudiantes, docentes y apoderados.
El Senado y la Cámara coincidieron en la necesidad de robustecer institucionalmente el sistema antes de completar el despliegue nacional de los SLEP, considerando que aún existen territorios pendientes de traspaso al nuevo modelo estatal.
¿Qué es el Sistema de Educación Pública?
El Sistema de Educación Pública fue creado mediante la Ley 21.040 y reemplaza progresivamente la educación administrada por municipios por un esquema estatal basado en Servicios Locales de Educación Pública.
Estos organismos tienen la función de administrar establecimientos públicos, gestionar recursos humanos y financieros, asegurar infraestructura y coordinar mejoras pedagógicas en los territorios. La implementación se realiza de manera gradual a nivel nacional.
Lo que viene
Con la publicación en el Diario Oficial, la Ley 21.819 entra formalmente en vigencia, aunque parte de sus disposiciones comenzarán a implementarse progresivamente conforme a reglamentos, adecuaciones institucionales y normas transitorias contempladas para el sistema.
Desde el Ministerio de Educación han sostenido que la reforma busca entregar mayor estabilidad a la Nueva Educación Pública y corregir problemas detectados desde la puesta en marcha de los SLEP, reforzando la capacidad del Estado para administrar establecimientos educacionales públicos en todo el país.
