Con el respaldo unánime de la Sala, el proyecto de ley que busca resguardar la vida de niños y personas con condiciones especiales fue despachado a la Cámara de Diputados. La iniciativa, que pone fin a la prohibición de instalar mallas de seguridad en fachadas, obliga a implementar dispositivos de protección en balcones y ventanas de inmuebles situados desde el segundo piso hacia arriba.
El Congreso Nacional dio un paso decisivo este miércoles para frenar una seguidilla de hechos que han marcado la crónica roja en el último tiempo. Por 34 votos a favor, el Senado aprobó el proyecto de ley refundido —conocido popularmente como “Ley Valentín”—, que establece una serie de medidas de seguridad obligatorias en edificios de altura para prevenir caídas accidentales.
La normativa, que surgió en memoria de un menor de cinco años que perdió la vida tras caer desde un piso 13 en San Pedro de la Paz en junio de 2025, cobra una urgencia renovada tras el reciente fallecimiento de una niña de dos años en Las Condes. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas revelan que, entre 2022 y 2024, 39 menores de 18 años fallecieron por caídas desde altura, una estadística que se ha mantenido crítica con 14 muertes adicionales (11 de ellas menores) registradas solo entre mayo de 2025 y marzo de 2026.
Fin a las prohibiciones estéticas en edificios
Uno de los pilares de esta nueva ley es el impacto directo que tendrá sobre los reglamentos de copropiedad. A partir de ahora, ninguna administración o reglamento interno podrá prohibir la instalación de mallas, ventanales o sistemas de bloqueo en balcones y terrazas de departamentos ubicados desde el segundo piso.
El senador Gustavo Sanhueza, integrante de la Comisión de Vivienda, aclaró que, si bien se garantiza el derecho a proteger la vida, los edificios podrán establecer estándares de calidad mínimos para mantener la uniformidad estética, pero sin restringir la seguridad.
«La ley establece la obligatoriedad de instalar elementos de protección cuando en la unidad residan menores de 12 años o personas con condiciones especiales», explicó el legislador durante el debate.
Un debate que cruza la responsabilidad parental y la normativa
Durante la sesión, el debate en el Senado fue transversal y profundo. Diversos parlamentarios reflexionaron sobre la necesidad de que la ley no se transforme en un reemplazo de la responsabilidad parental. «No puede ser que los padres deban esperar una ley para tomar medidas de sentido común», fue una de las frases que resonó en el hemiciclo, sumado al llamado a elevar las sanciones para los adultos que no adopten las medidas de cuidado necesarias con menores a su cargo.
Por otro lado, se planteó una mirada a largo plazo sobre el mercado inmobiliario. Se discutió la posibilidad de que, en un futuro cercano, la ley obligue a las empresas constructoras a edificar con sistemas de seguridad integrados desde el diseño, evitando que el costo de protección recaiga exclusivamente sobre el comprador final y garantizando desde el inicio estándares de seguridad pasiva en los proyectos de altura.
Urgencia legislativa en la Cámara Baja
Dada la gravedad de las cifras de mortalidad, los senadores hicieron un llamado unánime al Ejecutivo para dar urgencia a la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, confirmó que la solicitud fue acogida, por lo que se espera que la votación final en la Cámara Baja ocurra en las próximas semanas.
Con este despacho, el país se encamina a institucionalizar una medida que, esperan los legisladores, se convierta en una barrera efectiva contra la negligencia y los accidentes, protegiendo a las familias en sus propios hogares.
