Pese a que en un inicio se descartó que los ajustes fiscales golpearían directamente la operatividad de los recintos asistenciales, la entrada en vigor del Decreto N°333 de Hacienda terminó por confirmar una drástica reducción presupuestaria para la red pública a través de la modalidad de transferencias. Bajo este esquema técnico, el Hospital Regional de Iquique sufrirá un recorte de $1.460 millones, lo que significa una disminución real en la remesa de dinero que el nivel central envía para la gestión del recinto. La medida ha desatado una ola de críticas en Tarapacá, donde se advierte que restringir la caja operativa pone en riesgo la estabilidad de un sistema que ya enfrenta presupuestos insuficientes.
La estrategia del Ministerio de Salud plantea que este ajuste no es un recorte a la atención, sino un esfuerzo de gestión centrado en la optimización de recursos. Según explican desde la cartera, la clave radica en una revisión estricta del ausentismo laboral y las licencias médicas, buscando reducir costos en reemplazos y racionalizar las horas extras. Desde el Minsal son enfáticos en señalar que no existe instrucción para disminuir la dotación de personal, ni reducir cirugías o limitar insumos esenciales, proyectando que el ajuste representa solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales.
DENUNCIA POR ABANDONO Y RIESGO ASISTENCIAL
Danisa Astudillo, senadora por Tarapacá, lideró los cuestionamientos contra esta medida, calificándola como un castigo a una región con brechas críticas. La parlamentaria manifestó con dureza que el Gobierno decidió recortar $1.460 millones al Hospital de Iquique, recinto que históricamente funciona con recursos escasos. La legisladora argumentó que las regiones no pueden pagar el costo de los ajustes de Santiago, enfatizando que esta decisión pone en riesgo la atención de miles de personas que dependen exclusivamente del sistema público.
POLÉMICA POR GESTIÓN Y LICENCIAS MÉDICAS
El debate local se ha intensificado ante las sospechas de un uso malicioso de licencias médicas que habría generado un perjuicio económico que hoy se intenta subsanar. No obstante, diversos sectores advierten que el costo de las fallas administrativas no debe recaer en los usuarios. Existe una preocupación latente de que, al restringir el gasto vía transferencias para «obligar» a una mayor eficiencia, se termine mermando la calidad de una atención que en Iquique y Alto Hospicio ya se encuentra al límite.
POSTURA OFICIAL Y CONTROL DE RECURSOS
El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso de velar por el uso responsable de los fondos públicos, asegurando que la medida no afectará la continuidad de las prestaciones. Desde el Minsal explicaron que se están implementando mecanismos de compra más eficientes y una trazabilidad estricta del gasto, descartando un desmantelamiento del servicio. El ajuste busca que los hospitales de la zona mejoren su gestión sin sacrificar el bienestar de la comunidad, aunque los gremios y parlamentarios locales se mantienen en alerta ante un posible colapso operativo por la falta de liquidez.
