En una resolución clave para la transparencia pública en la zona norte, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dictó sentencia en la causa conocida como «Caso Vialidad». El fallo unánime estableció la responsabilidad de tres exfuncionarios de la Dirección de Vialidad y un particular en delitos de negociación incompatible, cohecho, soborno y lavado de activos, ilícitos perpetrados entre los años 2022 y 2023 en el marco de contratos de infraestructura regional.
La investigación logró acreditar que los condenados, quienes se desempeñaban como inspectores fiscales (ITO), tomaron interés directo en obras adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). A través de sociedades o de forma personal, realizaron actividades que debían fiscalizar, vulnerando la prohibición legal. Asimismo, se estableció que un funcionario cobró dineros por informes propios de su cargo, mientras que un particular facilitó dichos pagos y realizó maniobras de ocultamiento para concretar el lavado de activos.
Es así como, Jairo Martínez Cuadra, magistrado redactor del TOP de Arica, manifestó que “se pudo establecer la negociación incompatible por el interés que tomaron estos funcionarios públicos que eran inspectores fiscales de obras adjudicadas por el MOP. Además, se profesionalizó la condena a un particular por soborno y por realizar maniobras de ocultamiento del dinero, constituyendo lavado de activos”. El juez resaltó que el juicio se extendió por más de un mes debido a la alta complejidad de los hechos.
PENAS Y BENEFICIOS
Pese a la gravedad de los delitos, el tribunal reconoció las atenuantes de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la irreprochable conducta anterior. Esto permitió que las condenas impuestas a los involucrados (identificados como G.E.L.F., C.A.D.H., L.R.M.H. y A.M.A.A.), que oscilan en los 61 días de presidio y el pago de multas superiores al millón de pesos, fueran sustituidas por la remisión condicional, permitiendo que cumplan sus penas en libertad bajo sujeción de Gendarmería.
Finalmente, el fallo decretó la absolución de otros tres imputados por falta de pruebas suficientes en los cargos de fraude al fisco. Con esta lectura de sentencia, se cierra un proceso judicial que requirió un esfuerzo mancomunado de los magistrados Sergio Álvarez Cáceres, Sara Pizarro Grandón y el equipo del tribunal, logrando sancionar una trama que afectó directamente la probidad administrativa en la Región de Arica y Parinacota.
