Tras dos meses de cautiverio en territorio extranjero, la Corte de Apelaciones de Arica revocó la decisión de primera instancia y ordenó el encarcelamiento del imputado. El tribunal consideró que el sujeto representa un peligro inminente para la seguridad de las víctimas y de la sociedad, dadas las características transnacionales del delito y sus antecedentes previos de violencia.
Lo que comenzó como un violento episodio de irrupción domiciliaria en la comuna de Putre ha culminado en una severa resolución de la Corte de Apelaciones de Arica. El tribunal de alzada decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un imputado por la sustracción y traslado forzado de una adolescente de 17 años y su hija de apenas dos meses de vida hacia el país vecino de Bolivia.
El operativo del secuestro y el cruce irregular
Los hechos que fundan la investigación del Ministerio Público se remontan a la madrugada del 8 de diciembre de 2025. En dicha oportunidad, el imputado ingresó sin autorización a una vivienda en Putre, donde se encontraba su ex pareja junto a la lactante. Bajo amenaza de llevarse a la menor de dos meses, el individuo obligó a la madre a subir a un vehículo conducido por un tercero aún no identificado.
Para evadir los controles policiales, el sujeto utilizó un paso no habilitado hacia territorio boliviano, concretando un ingreso irregular y un traslado forzado que marca el eje central de este caso penal de alta gravedad.
Dos meses de encierro en Charaña
La investigación sostiene que ambas víctimas fueron retenidas en la localidad boliviana de Charaña, donde permanecieron en condición de encierro durante aproximadamente dos meses. Durante este periodo, la joven y su hija carecieron de toda posibilidad de contacto con el exterior.
El cautiverio llegó a su fin el 9 de febrero de 2026, cuando la adolescente aprovechó un descuido de su captor para huir con su hija. Una vez en territorio chileno, la víctima se dirigió a la localidad de Visviri, donde denunció los hechos ante Carabineros, activando de inmediato el protocolo judicial.
Los fundamentos del fallo judicial
Aunque inicialmente el Juzgado de Garantía no había decretado la prisión, la Corte de Apelaciones revocó dicha decisión al considerar que la libertad del imputado constituye un riesgo procesal evidente. El tribunal basó su resolución en:
- Pruebas contundentes: Declaraciones de la víctima, informes policiales del OS9 y peritajes psicológicos que confirman la situación forzada de retención.
- Historial de violencia: El imputado ya contaba con procesos previos y medidas cautelares vigentes por violencia intrafamiliar (VIF).
- Gravedad del delito: Se consideró la existencia de dos víctimas, una de ellas una lactante en situación de extrema vulnerabilidad.
Un debate sobre la seguridad en zonas extremas
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los territorios fronterizos en el extremo norte de Chile. La facilidad para desplazamientos transnacionales por pasos no habilitados y la dificultad de control territorial en zonas aisladas como Putre y Visviri presentan un desafío constante para las instituciones.
Más allá de la resolución judicial, el episodio abre una interrogante sobre la prevención y protección efectiva en comunidades remotas, donde la geografía a menudo se convierte en un factor que favorece la impunidad de delitos graves vinculados a la violencia de género.
