En una resolución clave para la inversión energética en la zona, el Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación presentada por una empresa eléctrica, dejando sin efecto el término anticipado del proyecto Parque Fotovoltaico Oxum del Tamarugal. Con este fallo, la justicia ordena retomar la tramitación de la iniciativa en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, luego de que el proceso fuera interrumpido prematuramente por la autoridad administrativa.
La sentencia anuló la decisión previa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá, la cual se basaba en supuestos impactos sobre comunidades indígenas y rutas de trashumancia. El tribunal concluyó que el organismo actuó con antecedentes no concluyentes, determinando que las observaciones detectadas no constituían defectos insubsanables, sino aspectos que podían ser corregidos y aclarados durante el mismo procedimiento de evaluación.
CUESTIONAMIENTOS AL «CAMINO REAL» Y FALTA DE RIGOR TÉCNICO
Uno de los puntos críticos del fallo se refiere a la supuesta afectación del denominado «Camino Real». El tribunal descartó que existieran pruebas suficientes para acreditar un daño patrimonial, indicando que dicha hipótesis carecía de una validación arqueológica sólida y se sustentaba principalmente en referencias de reuniones en lugar de información técnica verificable.
Asimismo, el análisis judicial destacó una falta de uniformidad en los criterios de organismos sectoriales como CONADI. El fallo hizo hincapié en que proyectos fotovoltaicos cercanos, como Jardín Solar, El Carmelo y Víctor Jara, enfrentaron situaciones similares que fueron resueltas mediante solicitudes de información adicional sin llegar al cierre anticipado del proceso.
INVERSIÓN Y ALCANCE EN POZO ALMONTE
El proyecto Oxum del Tamarugal representa una de las apuestas energéticas más ambiciosas para la comuna de Pozo Almonte, contemplando una inversión superior a los US$362 millones. La planta prevé una capacidad de 362,76 MW mediante la instalación de más de 541 mil paneles solares, junto a una línea de transmisión de 220 kV para conectar la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional.
Con una vida útil estimada de 30 años, el desarrollo del parque fotovoltaico vuelve a carrera tras el respaldo del tribunal, que reafirma que el término de una evaluación ambiental solo debe aplicarse ante antecedentes claros y definitivos. La resolución final validó la acción de la empresa, permitiendo que el proyecto continúe su curso legal bajo el escrutinio técnico correspondiente.
