El Poder Judicial de Arica manifestó su profunda inquietud tras conocerse la resolución del Senda que disminuye a los profesionales de las duplas psicosociales a nivel nacional. Esta medida afecta directamente la continuidad del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol (TTD) en la jurisdicción, una herramienta clave para la rehabilitación de infractores con consumo problemático.
En ese sentido, Marco Antonio Flores, presidente de la Corte de Apelaciones de Arica indicó que «nos resulta preocupante este hecho, atendido los requerimientos que presenta nuestra región y porque en nuestra jurisdicción el Programa TTD ha dado muy buenos resultados». La autoridad advirtió que este recorte afectará la calidad del servicio en una zona donde la delincuencia suele estar asociada al consumo de sustancias.
FIN DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
El cese de estas duplas profesionales implica, en la práctica, el término de un modelo de justicia con enfoque en las personas. Actualmente, el sistema procesal penal no cuenta con la capacidad de otorgar de forma independiente el seguimiento y apoyo que estos usuarios requieren para su reinserción.
Por su parte, Paulina Zúñiga, magistrada del Juzgado de Garantía de Arica detalló que «este programa de justicia con enfoque en las personas requiere un acompañamiento de la dupla psicosocial que el sistema procesal penal el día de hoy no está en condiciones de otorgar». La jueza coordinadora enfatizó que esta situación pone en jaque un trabajo de años realizado en la región.
RETROCESO EN LA REINSERCIÓN SOCIAL
Desde la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública coincidieron en que esta decisión representa un retroceso para la justicia terapéutica. El programa permite que quienes cometen delitos por primera vez —con penas menores a 3 años— puedan optar voluntariamente a un tratamiento para evitar la reincidencia delictual.
Finalmente, Richard Toledo, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Arica, señaló que «sea por las razones que sean, genera un retroceso en los avances que en nuestro país había tenido la justicia terapéutica». Por su parte, Gabriel Apaza, defensor penal público, manifestó que «la ausencia de dicha dupla no solo limita el ingreso de nuevos usuarios, sino que también afecta directamente a quienes ya están incorporados».
