Tras las declaraciones del senador, quien incluso planteó la necesidad de que la ministra dejara el cargo, la autoridad respondió descartando cualquier vínculo con actividades ilícitas y anunciando acciones legales, trasladando el conflicto desde el plano político al judicial.
Una nueva controversia tensiona el escenario político nacional luego que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunciara la presentación de una querella criminal contra el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, tras una serie de declaraciones que la vinculan indirectamente con el entorno del narcotráfico.
El conflicto se originó a partir de una publicación del diario La Segunda, que dio cuenta de la existencia de una sociedad comercial entre la secretaria de Estado y su exmarido, un abogado que en el pasado participó en la defensa de un imputado por tráfico de drogas.
El origen de la polémica
Según los antecedentes difundidos, la ministra mantiene una sociedad constituida hace años con su expareja, el abogado Rodrigo Irrázabal, quien figura en registros por haber intervenido en causas vinculadas a la Ley de Drogas, incluyendo la defensa de un condenado por tráfico de marihuana en 2010.
La información fue posteriormente amplificada en el debate público, generando cuestionamientos desde el ámbito político.
Los dichos del senador Núñez
Fue en ese contexto que el senador Daniel Núñez publicó un video en redes sociales en el que emplazó directamente a la ministra, señalando que su permanencia en el cargo representaría un riesgo institucional.
“Es un gravísimo error que la ministra no haya disuelto la sociedad con su expareja, un abogado que defendió a un narcotraficante. El narcotráfico busca infiltrar al Estado”, sostuvo el parlamentario.
En la misma línea, agregó:
“Debe dar un paso al costado para asegurar que no exista ningún tipo de vínculo o posibilidad de presión del crimen organizado sobre autoridades del Estado”.
Respuesta de la ministra: “No todo vale”
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. La ministra rechazó categóricamente los cuestionamientos, descartando cualquier vínculo con actividades ilícitas y defendiendo la legalidad de su situación patrimonial.
En declaraciones públicas, enfatizó:
“En política no todo vale”, señalando que las acusaciones carecen de sustento.
Posteriormente, a través de sus redes sociales, confirmó la acción judicial:
“Presentaré querella criminal contra el senador por imputación injuriosa, dañando mi honra. Tolerancia cero frente a estas prácticas”.
Además, reforzó su postura indicando:
“No nos atemorizan las bandas criminales ni las calumnias”.
El trasfondo: sociedad y defensa legal
Desde el entorno de la ministra se ha precisado que la sociedad comercial cuestionada corresponde a un vínculo antiguo —de más de dos décadas— y que no guarda relación con su actual gestión pública.
Asimismo, se ha subrayado que el ejercicio profesional del abogado en causas de defensa penal no implica responsabilidad o vínculo con los delitos de sus representados, en línea con los principios del sistema judicial.
Escenario político y repercusiones
La controversia se instala en un contexto particularmente sensible para la agenda de seguridad, en momentos en que el combate al crimen organizado y al narcotráfico ocupa un lugar prioritario en el debate público.
Las declaraciones del senador abrieron un flanco político que escaló rápidamente hacia el ámbito judicial, marcando un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y sectores del Congreso.
Por ahora, el conflicto se trasladará a tribunales, donde deberá determinarse si los dichos del parlamentario configuran el delito de injurias, como sostiene la ministra.
