Una organización criminal con base en el norte de Chile, liderada por el ecuatoriano José Luis Herrera Pozo, logró operar durante meses mediante un sistema que combinaba tráfico internacional de ketamina, uso de correos humanos y un fuerte componente de control espiritual basado en la devoción a la llamada Santa Muerte.
Según una publicación del medio Biobío Chile, la investigación de la Fiscalía Regional de Arica estableció que, entre mayo y noviembre de 2024, el imputado —conocido como “Dom”— no solo dirigía las operaciones ilícitas, sino que también ejercía una influencia religiosa y simbólica sobre los integrantes, funcionando como una especie de “sacerdote” dentro de la organización.
El líder operaba con múltiples identidades falsas: en Perú como “Dominic Moreno” y en República Dominicana como “Obispo Antonio Moreno de la Rosa”. Desde Arica coordinaba el ingreso de droga desde Tacna, para luego trasladarla hasta Santiago, donde la red obtenía ganancias millonarias.
RITUALES, CONTROL ESPIRITUAL Y COHESIÓN DE LA BANDA
Uno de los elementos más relevantes del caso es el uso de rituales religiosos como herramienta de control. El líder realizaba rezos, bendiciones y ceremonias sobre los cargamentos de droga para asegurar su traslado.
Videos hallados en los teléfonos de los involucrados muestran prácticas para “consagrar el trabajo”, mientras que mensajes como “Que mi Dios y mi Santa Muerte te acompañe” eran habituales antes de cada operación.
De acuerdo con la investigación, estas prácticas no eran simbólicas: influían directamente en las decisiones. Una de las integrantes declaró que el propio Herrera Pozo suspendió un traslado porque la “Santa Muerte le advirtió un peligro”. Incluso, la organización recurrió a un chamán peruano para reforzar estos rituales.
Durante un allanamiento en noviembre de 2024 en Arica, se encontró un altar con dinero y símbolos religiosos, además de registros audiovisuales de ceremonias y miembros con tatuajes de la deidad. Según la Fiscalía, estas acciones reforzaban la cohesión interna y la sensación de protección frente a detenciones.
TRÁFICO Y USO DE “BURRERAS”
La red operaba mediante el reclutamiento de mujeres ecuatorianas en situación vulnerable, quienes eran captadas para transportar droga a cambio de dinero.
Estas mujeres eran trasladadas a Tacna, donde recibían capacitación para ocultar ketamina en sus cuerpos, principalmente en fajas y plantillas de zapatos. Posteriormente cruzaban la frontera hacia Chile con la droga. En algunos casos, la organización llegó a utilizar menores de edad para el transporte, además de vehículos acondicionados.
Dentro de la estructura existían coordinadoras encargadas de supervisar los viajes y mantener informado al líder. Por cada traslado, las denominadas “burreras” recibían pagos de entre 1.000 y 2.000 dólares, alcanzando cerca de $2 millones por operación.
UNA RED TRANSNACIONAL Y SU CAÍDA
Una vez en Chile, la droga era trasladada en grupos hacia Santiago, donde era recibida por el hijo del líder, José Miguel Moreno de la Cruz, junto a su pareja, Javiera Gallardo Molina, la única chilena de la organización.
Ella cumplía un rol clave al financiar viajes, coordinar logística y distribuir la droga, mientras que él se encargaba de su comercialización. Según la investigación, la mujer adquirió un vehículo por más de $18 millones, sin respaldo económico.
El control interno también se ejercía mediante el miedo y las amenazas. Durante la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Acha, varias integrantes denunciaron intimidaciones, incluyendo la frase “afilen los cuchillos que vienen las sapas”, dirigida a quienes pensaban colaborar con la justicia.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a 18 personas por asociación ilícita y tráfico de drogas. José Luis Herrera Pozo recibió una pena de 20 años de presidio, mientras que otras integrantes fueron sentenciadas a penas de entre 6 y 8 años.
La organización movilizó decenas de kilos de ketamina y generó ingresos superiores a los $100 millones, operando con una estructura jerarquizada y transnacional. Actualmente, el hijo del líder, José Miguel Moreno de la Cruz, se mantiene prófugo en República Dominicana, con una orden de detención vigente.
