Un complejo escenario administrativo enfrenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tras revelarse el Informe Final N° 421, donde la Contraloría General de la República advierte serias irregularidades en la gestión de suelos. El organismo fiscalizador detectó que, entre 2022 y 2024, se realizaron operaciones que carecen de respaldo técnico suficiente, abriendo la puerta a posibles sobreprecios dentro del plan impulsado por la administración del presidente Gabriel Boric.
La investigación del ente contralor, publicada en abril de 2026, puso el foco en la crítica carencia de controles sobre las tasaciones que sustentan los pagos estatales. Según el documento, no existe evidencia de supervisión ni validación de los precios pagados, lo que impide garantizar que el fisco haya desembolsado montos acordes al mercado, arriesgando el pago de valores muy por encima de la realidad inmobiliaria.
Esta falencia técnica se suma a la inexistencia de parámetros o rangos de precios definidos, situación que dificulta verificar la razonabilidad de los montos y debilita la justificación de las inversiones realizadas en el marco de la emergencia habitacional.
GESTIÓN MEDIANTE PLANILLAS INFORMALES Y VACÍOS NORMATIVOS
El informe también cuestiona la administración de la información, indicando que el seguimiento de las compras se realizaba a través de planillas Excel con inconsistencias y registros incompletos. Esta falta de rigor provocó que algunos terrenos adquiridos ni siquiera estuvieran debidamente registrados, afectando la trazabilidad de las operaciones y el control financiero del programa.
A este desorden se suma la ausencia de estudios esenciales, como los informes geotécnicos, y la falta de un reglamento clave que regule la adquisición de suelos. Según el organismo, esto genera espacios de discrecionalidad y aumenta el riesgo de adquirir terrenos que no cumplen con las condiciones necesarias para la construcción de viviendas.
Finalmente, ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría instruyó la apertura inmediata de un sumario administrativo. Esta medida busca determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y forzar la implementación de medidas correctivas en el Minvu para resguardar los recursos destinados a enfrentar la crisis de vivienda en el país.
