En una sesión clave de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, el recién asumido director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, entregó un balance crítico sobre la situación migratoria en el país. La autoridad reveló que, a la fecha, existen 46.000 expulsiones decretadas que cuentan con su decreto firmado, la gran mayoría de las cuales fueron heredadas de la administración anterior.
Durante su intervención, el jefe del servicio explicó ante los parlamentarios que se está diseñando un plan de expulsiones permanentes que comenzará a ejecutarse en los próximos días. Este esfuerzo no solo se centrará en las salidas forzosas, sino que también incluirá una combinación de salidas voluntarias y vuelos humanitarios, respondiendo así a la crisis de desorden migratorio que afecta con especial fuerza a las regiones del norte de Chile.
En esa línea, Frank Sauerbaum, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, señaló que “nosotros hoy día tenemos 46 mil expulsiones decretadas con decreto firmado. El ministro del Interior nos ha dado la instrucción de iniciar un proceso de expulsiones permanentes, que ya le adelanto que van a partir en los próximos días”.
PROYECTO PARA TIPIFICAR EL INGRESO CLANDESTINO
La instancia legislativa se centró en la discusión del proyecto de ley que busca tipificar el ingreso clandestino como un delito penal, y no solo como una falta administrativa como ocurre actualmente. Según detalló el director del SERMIG, la iniciativa contempla penas de presidio menor y multas de hasta 10 UTM, además de establecer la expulsión como una pena accesoria inmediata en la frontera.
Ante ello, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones indicó que “el declarar el ingreso clandestino para nosotros es una prioridad, por lo que significa para producir un ordenamiento y también para dar una señal a quienes pretendan ingresar ilegalmente”.
RECHAZO A REGULARIZACIÓN MASIVA Y SEGURIDAD NACIONAL
Otro de los puntos álgidos de la sesión fue la confirmación de que no habrá una regularización masiva para las 182.000 personas que se empadronaron durante el periodo anterior. La autoridad advirtió que un análisis de la PDI detectó que al menos 6.000 de esos extranjeros ya registran compromisos delictuales, que van desde hurtos hasta tráfico de drogas, lo que obliga a un filtro estricto.
Junto con ello Frank Sauerbaum detalló que “por lo menos seis mil de esas personas ya tienen compromisos delictuales. Nosotros no podemos hacer una regularización masiva de ese tipo, porque no sabemos quiénes son los que están dentro del país y tenemos que dar una señal de seguridad pública”.
Finalmente, el personero expuso la crisis administrativa del servicio, que mantiene 262.000 trámites pendientes de visas y 23.000 solicitudes de nacionalidad que están bajo un nuevo y estricto análisis de seguridad. Ante este escenario, el compromiso del Gobierno es tener chequeadas todas las nacionalidades pendientes a más tardar en el mes de mayo, priorizando la rigurosidad y el cumplimiento de los requisitos legales.
