La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió al paso de la controversia por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, asegurando que no solicitó su remoción y descartando la existencia de conflictos personales.
La autoridad defendió que la decisión respondió a un proceso interno de la institución, indicando que se trató de una reestructuración propia de la policía civil, considerando la extensa trayectoria de la exfuncionaria, quien contaba con más de tres décadas de servicio.
TENSIONES TRAS OPERATIVO EN TARAPACÁ
El origen del conflicto se remonta a un operativo realizado a comienzos de año en la Región de Tarapacá, en el marco de la investigación contra el denominado “Clan Chen”, causa que involucró cambios de personal dentro de la PDI.
Dichas modificaciones, que afectaron a funcionarios vinculados a ese procedimiento, habrían generado diferencias entre la entonces fiscal regional Steinert y la jefatura de inteligencia de la institución. Uno de estos movimientos es apuntado como el detonante de las tensiones que posteriormente escalaron.
Pese a ello, la ministra reiteró que “no tengo rencillas con nadie”, enfatizando que su foco está en el trabajo en materia de seguridad pública.
CUESTIONAMIENTOS Y REVISIÓN EN EL CONGRESO
La situación también generó reacciones en el ámbito político, donde parlamentarios anunciaron acciones para esclarecer los hechos. Entre ellas, destaca la intención de solicitar un pronunciamiento a la Contraloría respecto a un oficio reservado enviado por la ministra, en el que se pedían antecedentes sobre funcionarios ligados a la investigación.
Asimismo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que Steinert en el pasado solicitó gestiones relacionadas con movimientos de personal en la PDI, aunque precisó que este tipo de requerimientos no es inusual dentro del funcionamiento institucional.
En este escenario, la polémica continúa abierta, con cuestionamientos desde distintos sectores sobre la forma en que se adoptó la salida de la exsubdirectora, mientras el Gobierno insiste en que se trató de una decisión administrativa y no de carácter personal.
