La expulsión de migrantes en situación irregular se ha convertido en uno de los principales desafíos del gobierno en La Moneda, no solo por su complejidad administrativa, sino también por su alto costo. Según estimaciones, concretar estos procesos requeriría cerca de $18 mil millones, cifra que hoy condiciona el avance de esta política a nivel nacional.
El debate se instala en medio de la creciente presión por reforzar el control migratorio en Chile, donde distintos sectores han planteado la necesidad de acelerar las expulsiones. Sin embargo, el elevado gasto asociado a estos procedimientos ha frenado su ejecución, abriendo una discusión sobre la viabilidad económica de la medida.
Uno de los factores que agrava el escenario es la existencia de miles de decretos de expulsión que no han sido ejecutados en años anteriores. Esta acumulación representa un desafío adicional para las actuales autoridades, que deben enfrentar tanto los casos pendientes como el flujo constante de ingresos irregulares.
La situación ha obligado al Ejecutivo a evaluar alternativas que permitan avanzar en el cumplimiento de estas medidas sin comprometer el presupuesto fiscal.
EL ALTO COSTO DE CADA EXPULSIÓN
Cada proceso de expulsión implica una logística compleja que eleva considerablemente los costos. Entre los principales factores se encuentran los traslados aéreos —muchas veces mediante vuelos chárter—, la custodia policial, la coordinación internacional y los trámites administrativos y judiciales.
Estos elementos explican por qué el monto total requerido alcanza cifras millonarias, dificultando la ejecución masiva de expulsiones.
DEBATE POLÍTICO Y USO DE RECURSOS
El tema ha generado un debate tanto político como económico. Mientras algunos sectores consideran que acelerar las expulsiones es clave para reforzar el orden público, otros advierten que el alto costo podría implicar la reasignación de recursos desde otras áreas prioritarias.
En ese contexto, el gobierno enfrenta una decisión compleja: avanzar con mayor fuerza en la política de expulsiones o resguardar el equilibrio fiscal.
Por ahora, la discusión continúa al interior del Ejecutivo, donde se analizan distintas fórmulas para enfrentar la situación migratoria de manera efectiva y sostenible. La cifra de $18 mil millones se instala, así como un elemento central en la toma de decisiones, reflejando que el control migratorio no solo es un desafío político y social, sino también financiero.
