A pocos días del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que el Estado enfrenta un escenario complejo para avanzar en la expulsión de migrantes en situación irregular.
Según explicó, actualmente existen más de 37 mil expulsiones ya decretadas sin ejecutar, otras 85 mil expulsiones en trámite y más de 120 mil solicitudes de nacionalización pendientes de resolución, lo que representa un importante desafío operativo, presupuestario y administrativo para el sistema migratorio chileno.
En ese sentido, Sauerbaum afirmó que “echar a una persona del país cuesta cerca de tres millones de pesos. Expulsar a 37 mil tiene un costo elevadísimo, por lo que el Congreso tendrá que aprobar mayores recursos”.
El futuro director también señaló que uno de los principales obstáculos será la coordinación internacional para concretar las expulsiones, especialmente con Venezuela, país de origen de cerca de la mitad de las personas con orden de expulsión vigente.
Además, planteó avanzar en una agenda legislativa para agilizar los procesos migratorios, incluyendo iniciativas que buscan tipificar el ingreso clandestino al país como delito y reforzar la fiscalización en zonas fronterizas, particularmente en sectores como Colchane.
