Con el objetivo de recuperar el control territorial y desarticular las bandas desde sus raíces, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ha diseñado un paquete de medidas urgentes que incluye el aislamiento total de cabecillas y una intervención militarizada en 18 barrios críticos del país.
El nuevo Ministerio de Seguridad Pública ha marcado sus prioridades para el primer trimestre de gestión con una hoja de ruta definida por la severidad y la inmediatez. Ante el avance del crimen organizado, el Gobierno de José Antonio Kast prepara una ofensiva sin precedentes bajo el nombre de «Plan Cancerbero» y otras estrategias de choque.
1. «Plan Cancerbero»: El fin de las bandas desde la cárcel
La estrategia penitenciaria busca terminar con la impunidad operativa de los líderes criminales. El gobierno implementará el aislamiento total para los cabecillas de organizaciones narcotraficantes.
- Traslados estratégicos: Serán movidos a recintos de máxima seguridad.
- Aislamiento absoluto: Sin visitas, sin acceso a beneficios penitenciarios y con bloqueo total de comunicaciones con el exterior para impedir que sigan dirigiendo ilícitos desde los penales.
2. Fuerza de Tarea Conjunta en 18 barrios críticos
Uno de los puntos más ambiciosos es la recuperación de sectores donde el Estado ha perdido influencia. Se intervendrán 18 barrios críticos con la implementación de una Fuerza de Tarea Conjunta de Excepción. Esta unidad operará con un despliegue coordinado de efectivos policiales y militares para restablecer el orden y la seguridad en las zonas con mayores índices de violencia y presencia de narcotráfico.
3. Endurecimiento de penas contra el crimen organizado
La ministra Trinidad Steinert impulsará una reforma para que pertenecer a una organización criminal sea castigado con mayor rigor. Se establecerá un piso mínimo de cárcel efectiva, eliminando beneficios para quienes formen parte de estructuras delictivas jerarquizadas, con el fin de desincentivar el reclutamiento y la permanencia en estas bandas.
4. Fortalecimiento de la legítima defensa
El Gobierno busca otorgar mayor seguridad jurídica al ciudadano común ante la delincuencia. La iniciativa contempla ampliar los márgenes de la legítima defensa, asegurando que quienes actúen para proteger su vida o la de sus familias frente a un ataque violento no enfrenten procesos judiciales prolongados o injustos.
5. Blindaje al Poder Judicial y Fiscalía
Para garantizar que los juicios contra el crimen organizado se realicen sin presiones externas, se implementará un protocolo de protección y escolta especializada para fiscales, jueces, defensores y testigos clave. El objetivo es proteger la integridad de los actores del sistema penal ante posibles represalias de las bandas criminales durante el desarrollo de los procesos judiciales.
Este plan de los primeros 90 días busca, según fuentes gubernamentales, generar un «efecto disuasivo inmediato» y dar una señal clara de que el control de las calles y el sistema penitenciario vuelve a manos del Estado.
