La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que busca convertir en ley el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, destinado a las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar entre 1973 y 1990.
La iniciativa obtuvo 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones, y fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional.
El objetivo central es que la búsqueda de detenidos desaparecidos no dependa del gobierno de turno, sino que se consolide como una obligación permanente del Estado, con financiamiento estable, equipos especializados y una estructura formal bajo la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Entre los impulsores existe preocupación por el escenario político que se aproxima, ya que el proyecto fue impulsado durante la administración de Gabriel Boric y podría perder prioridad si no se tramita con rapidez bajo un eventual nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast.
POLÍTICA DE ESTADO Y NO DE GOBIERNO
El proyecto busca institucionalizar la búsqueda de las personas desaparecidas, asegurando que exista una política pública permanente con recursos garantizados, continuidad administrativa y control ciudadano.
La iniciativa contempla además la creación de un Comité de Seguimiento y Participación, integrado por 13 miembros, que tendrá la misión de evaluar el cumplimiento del plan durante un periodo de cuatro años.
El diputado Roberto Celedón, uno de los coautores del proyecto, valoró el respaldo transversal logrado en la votación:
“Este avance es muy significativo, porque parte importante de la derecha democrática votó a favor junto a las fuerzas progresistas, mientras que solo sectores más extremos se opusieron”.
El parlamentario subrayó que la tarea del Estado no se limita al hallazgo de restos, sino también a reconstruir los hechos y establecer responsabilidades:
“La verdad histórica es un derecho del país, incluso cuando los autores ya no estén con vida”, señaló.
El proyecto se basa en una iniciativa original presentada por la diputada Lorena Fries, que contó con el respaldo de varios sectores políticos.
REPARACIÓN Y COMPROMISOS INTERNACIONALES
La diputada Carolina Tello destacó que el Plan Nacional de Búsqueda deje de depender de decretos y presupuestos anuales:
“Chile mantiene una deuda histórica con las familias de las víctimas. Convertir este plan en ley permite garantizar verdad, reparación y continuidad en el tiempo”.
Asimismo, recalcó que esta medida fortalece el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, entregando una señal clara de que el país mantendrá la búsqueda hasta conocer el destino de cada persona desaparecida.
CONTEXTO Y AVANCES DEL PLAN
La votación se produce meses después de que el Ejecutivo recibiera el primer informe bienal del Plan Nacional de Búsqueda, presentado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Dicho documento expuso avances en recopilación de antecedentes, coordinación con familias y acciones de búsqueda en distintos puntos del país.
En esa ocasión, el Presidente Boric afirmó que la búsqueda de los detenidos desaparecidos “es una responsabilidad que debe proyectarse en el tiempo y no depender de coyunturas políticas”.
Con su paso al Senado, el proyecto entra en una fase decisiva. Si es aprobado, el Plan Nacional de Búsqueda quedará consagrado como una política permanente del Estado chileno, asegurando continuidad, financiamiento y supervisión institucional para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país.
