La Ilustre Municipalidad de Pica salió a aclarar públicamente la situación que afectó a seis comerciantes del sector Avenida General Ibáñez, en el área conocida como la Cocha Resbaladero, luego de que vecinos denunciaran un presunto desalojo ocurrido durante la jornada.
Desde el municipio indicaron que no existió un desalojo municipal ni una resolución judicial, sino que se trató de un proceso de restitución de un terreno de propiedad privada, solicitado directamente por el dueño del predio a los locatarios que ocupaban el espacio.
“El terreno corresponde a un bien privado, cuyo propietario solicitó la restitución del sitio, estableciendo directamente con los comerciantes los plazos para su retiro”, señala el comunicado oficial emitido este 3 de marzo.
MUNICIPIO DESCARTA RESPONSABILIDAD DIRECTA
La administración comunal recalcó que la decisión no fue adoptada por la Municipalidad, pero reconoció que, ante la situación generada, comprometió apoyo a los comerciantes afectados.
“Desde un inicio, el municipio gestionó una alternativa de reubicación que se concretará durante el mes de marzo, para que los locatarios puedan continuar desarrollando su actividad laboral con normalidad”, precisaron desde la entidad edilicia.
Este anuncio busca contener la preocupación de los afectados, quienes aseguran que la salida del terreno los deja en una situación de incertidumbre económica.
DENUNCIAS VECINALES Y CONFLICTO POR LÍMITES
El caso generó tensión luego de que vecinos del sector denunciaran que el propietario del predio llegó al lugar para presionar el despeje del área, afirmando que le pertenece y que planea cerrar el espacio para construir.
Según los habitantes del sector, las escrituras antiguas indicarían que el límite del terreno no es recto, sino curvo, y que el actual cierre estaría avanzando sobre zonas que corresponderían a vereda o área fiscal. Los vecinos sostienen que no se habrían revisado correctamente los documentos históricos, y critican que hasta ahora no existiría una intervención legal clara por parte de las autoridades.
Además, han circulado versiones sobre un supuesto acuerdo político previo, lo que ha generado molestia y desconfianza en la comunidad, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
EXIGEN REVISIÓN LEGAL DEL CASO
Entre las principales demandas de los afectados se encuentran:
- Revisión de las escrituras antiguas del predio
- Intervención de abogados y autoridades competentes
- Respeto a los límites reales del terreno
Mientras tanto, el municipio insistió en que su rol ha sido de mediación y apoyo social, comprometiéndose a concretar durante marzo una solución de reubicación para los comerciantes.
El conflicto deja en evidencia una disputa no resuelta sobre los deslindes del sector Resbaladero, donde se cruzan intereses privados, reclamos ciudadanos y la necesidad de una definición jurídica clara que evite nuevos enfrentamientos en la comunidad.
