En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, la familia de Luis Alberto Pino Soto, estudiante secundario desaparecido en 1986, recibió oficialmente la carpeta del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), tras una resolución judicial que corrigió un error administrativo que por décadas impidió su reconocimiento como víctima de la dictadura.
La entrega constituye un hito de reparación simbólica y reconocimiento estatal, luego que se estableciera que el apellido del joven fue registrado erróneamente como “Pinto” en lugar de “Pino”, lo que dejó su caso fuera de los registros oficiales durante casi 40 años.
CORRECCIÓN JUDICIAL Y RECONOCIMIENTO OFICIAL
La ceremonia se sustentó en el fallo emitido el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, el cual ordenó rectificar la información contenida en los archivos oficiales. Esta resolución permitió que Luis Pino Soto fuera finalmente incorporado como víctima de violaciones a los derechos humanos.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, destacó que es un deber del Estado esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura, señalando que este avance no solo responde a una demanda familiar, sino también a una responsabilidad colectiva de la sociedad chilena.
Asimismo, subrayó que este logro fue posible gracias a las gestiones realizadas dentro del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que permitió detectar el error de transcripción y activar las acciones judiciales correspondientes.
DESAPARICIÓN Y LARGO CAMINO A LA VERDAD
Luis Pino Soto tenía 15 años y era alumno del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez cuando fue visto por última vez el 1 de julio de 1986, en un contexto marcado por protestas y represión. Tras su desaparición, sus padres, Víctor Pino y María Soto, presentaron una denuncia por presunta desgracia y denunciaron haber recibido amenazas y hostigamientos.
Pese a los reiterados intentos de la familia por lograr su reconocimiento oficial, el error en su apellido impidió que su caso fuera validado por los organismos correspondientes durante décadas. Recién en 2024, al ser incorporado al Plan Nacional de Búsqueda, se detectó la equivocación y se presentó una acción declarativa ante la justicia civil.
En la actividad participaron autoridades nacionales y regionales, entre ellas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a representantes de organizaciones de memoria y derechos humanos, quienes acompañaron a la familia en este acto de reconocimiento.
La entrega del Informe Rettig marca un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia, y reafirma la necesidad de mantener viva la memoria histórica y garantizar que ninguna víctima quede fuera del registro oficial por errores administrativos.
