GOBIERNO DE BALCÁZAR CIERRA LA PUERTA A PEDRO CASTILLO: PRESIDENCIA DE PERÚ DESCARTA INDULTO AL EXMANDATARIO
A pesar de las promesas previas y el origen político común, el nuevo Ejecutivo de transición rechazó la solicitud «humanitaria» del líder de Perú Libre. La administración se enfocará exclusivamente en elecciones, seguridad y economía.
El panorama político en Perú suma un nuevo capítulo de tensión. El gobierno de transición, encabezado por el legislador de izquierda José María Balcázar, anunció de manera oficial que no otorgará indultos ni gracias presidenciales, sepultando las esperanzas del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien había solicitado su libertad apenas 24 horas antes.
El portazo a la «razón humanitaria»
La solicitud de indulto fue presentada formalmente este jueves por el abogado y exministro Walter Ayala, invocando el «principio de humanidad». El documento buscaba que Balcázar cumpliera con la «palabra empeñada», haciendo referencia a declaraciones previas del ahora mandatario donde deslizaba la posibilidad de liberar a Castillo.
Sin embargo, a través de un comunicado contundente, la Presidencia aclaró: «En la agenda de la República no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna a favor de persona procesada o condenada«.
La movida busca desmarcar al gobierno de transición de cualquier acusación de parcialidad o de favorecer a su antiguo aliado político.
Las tres prioridades del nuevo mando
Tras la destitución de José Jerí y la asunción de Balcázar el pasado miércoles, el Ejecutivo ha querido marcar una hoja de ruta estricta hasta el 28 de julio. Según la comunicación oficial, la gestión se limitará a tres ejes:
- Seguridad Nacional: Estabilizar el orden interno del país.
- Elecciones Transparentes: Garantizar un proceso electoral libre y limpio.
- Estabilidad Económica: Mantener los indicadores financieros frente a la crisis política.
El origen del encierro
Pedro Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de rebelión. La sentencia responde al fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto para evitar investigaciones por corrupción en su contra.
Pese a que Castillo insiste en que es víctima de una «persecución política» y que su detención fue ilegal al contar con inmunidad, el sistema judicial peruano ha ratificado su reclusión. Con esta negativa del Ejecutivo, el exmaestro rural deberá continuar cumpliendo su pena en el penal de Barbadillo, mientras el país se prepara para un nuevo proceso electoral bajo un gobierno de transición que intenta proyectar neutralidad.
