El sistema penitenciario chileno atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Así lo advirtió el presidente nacional de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque, quien alertó sobre un aumento explosivo de la población penal sin refuerzo de personal ni infraestructura, generando condiciones de hacinamiento crítico en los recintos del país.
De acuerdo con el dirigente, la cantidad de personas privadas de libertad pasó de 40 mil a 65 mil en solo dos años, mientras que la dotación de funcionarios permanece prácticamente congelada desde 2010. El sistema, diseñado para albergar a un máximo de 40 mil internos, hoy mantiene un excedente cercano a 25 mil personas, lo que vuelve casi imposible un control efectivo.
“Hoy debemos administrar espacios que no existen, con la misma cantidad de funcionarios de hace 15 años”, sostuvo Jaque, señalando que la sobrecarga laboral y la falta de recursos ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los internos.
HACINAMIENTO Y VIOLENCIA INTRAMUROS
La precariedad del sistema quedó nuevamente expuesta tras los recientes hechos ocurridos en la cárcel de Vallenar, donde funcionarios fueron retenidos y agredidos, además de registrarse homicidios dentro del recinto.
Según el gremio, el hacinamiento impide separar adecuadamente a los internos según su peligrosidad, provocando que personas con condenas menores convivan con bandas criminales organizadas. Esta mezcla, advierten, favorece la expansión del delito al interior de las cárceles.
Jaque reveló que en algunas unidades penales dos funcionarios deben vigilar entre 300 y 400 internos, una proporción que calificó como insostenible y peligrosa.
RECHAZO A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO
El anuncio del Ministerio de Justicia sobre un plan maestro de infraestructura penitenciaria con horizonte al año 2030 fue duramente criticado por la Asociación de Gendarmes, que lo considera tardío e insuficiente frente a la urgencia actual.
“El problema es hoy, no en cinco años más. Cualquier plan que apunte a 2030 llega fuera de plazo”, señaló el dirigente, calificando la propuesta como una respuesta simbólica que no ataca el fondo del conflicto.
También cuestionó la reforma que busca traspasar Gendarmería al nuevo Ministerio de Seguridad, asegurando que no soluciona el hacinamiento ni la falta de personal, y que podría debilitar la representación sindical de los funcionarios.
DENUNCIAS POR PERSECUCIÓN Y FALTA DE EQUIPAMIENTO
Jaque acusó que el Ejecutivo estaría utilizando casos de corrupción para restringir derechos gremiales, comparando la situación con prácticas del pasado. Además, denunció la escasez de equipamiento básico, indicando que muchos funcionarios enfrentan a internos altamente peligrosos con implementos mínimos.
Esta situación ha provocado, según el gremio, un éxodo de funcionarios con mayor experiencia, debilitando aún más el control dentro de los recintos penales.
“El orden que aún existe se debe únicamente al compromiso del personal, no a una política pública eficaz”, afirmó.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Gendarmes hizo un llamado a la próxima administración para que priorice inversión inmediata en infraestructura, personal y seguridad, advirtiendo que el sistema penitenciario se encuentra al borde del colapso si no se adoptan medidas urgentes.
