Una profunda fiscalización de la Contraloría Regional de Valparaíso sacó a la luz graves irregularidades y pagos no acreditados en el uso de fondos públicos tras la catástrofe de febrero de 2024. El Informe Final N° 500/25 revela anomalías críticas en los contratos de demolición ejecutados por la empresa San Nicolás SpA en el sector de El Olivar, donde se detectó una alarmante falta de control y el pago de servicios con serias inconsistencias.
La investigación del ente contralor apunta a una vulneración directa de los principios de transparencia y probidad. La Contraloría Regional de Valparaíso manifestó que detectó una “falta de segregación de funciones”, señalando que la autoridad regional gestionó y coordinó directamente con el proveedor antes de formalizar el proceso, lo que habría otorgado una ventaja competitiva indebida durante la emergencia.
Según el informe de la Contraloría, respecto a los recursos fiscales comprometidos, se detallan montos específicos que no cuentan con el respaldo técnico necesario, donde se constataron “pagos no acreditados por un monto de $782.724.814”, los cuales corresponden a servicios de demolición y retiro de escombros en los que no se pudo demostrar su efectiva ejecución bajo los estándares exigidos.
Además, la auditoría reveló un perjuicio adicional por cobros de faenas inexistentes o mal ejecutadas donde se detectó un “pago indebido superior a $434 millones” por demoliciones que no fueron realizadas o se cumplieron solo parcialmente, detectando incluso el uso de subcontrataciones no autorizadas que utilizaban maquinaria de terceros sin consentimiento formal.
Finalmente, ante la gravedad de estos hallazgos que suman cifras millonarias bajo sospecha, donde la Contraloría remitió todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En paralelo, se instruyó un sumario administrativo para sancionar a los responsables de este descontrol, reafirmando que la urgencia de una tragedia no justifica la falta de transparencia en el gasto público.
