Ante las crecientes críticas de autoridades locales en el Biobío, quienes acusaron un presunto «abandono» del Estado, el Ejecutivo reconoció dificultades críticas en la respuesta habitacional tras los incendios. Desde la Región de Aysén, el presidente Gabriel Boric validó los cuestionamientos de los alcaldes de Tomé y Penco, admitiendo que la instalación de casas transitorias no ha avanzado al ritmo esperado. El mandatario fue enfático en señalar que, pese a la lentitud, su administración trabaja 24/7 para cumplir con los damnificados.
La autocrítica del jefe de Estado apunta a nudos logísticos que han frenado el despliegue, “ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón, fíjese”.
El mandatario aseveró que “efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores”.
Para cerrar su postura, el mandatario descartó enfrentamientos políticos con los liderazgos regionales, “acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes y con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante”. Boric concluyó reafirmando que no se olvida de las familias de Tomé, Penco y Concepción, instruyendo a Senapred «apurar el tranco» de forma inmediata.
Por su parte, el equipo ministerial encabezado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló las razones técnicas de este retraso: “Eso no obsta que tenemos un desafío enorme que tiene que ver con más de 4.000 hogares afectados y un número significativo de viviendas”.
El secretario de Estado explicó que “las zonas rurales han permitido que se instalen con mayor facilidad porque el terreno es más extenso, a diferencia de las zonas urbanas, donde se requiere información detallada de dónde se va a instalar la vivienda, si se cumple o no con las condiciones”.
Finalmente, el jefe de gabinete abordó las soluciones económicas y los plazos de entrega, señalando que, respecto al bono de acogida de casi 400.000 pesos, este se prolonga más tiempo para quienes no pueden instalar viviendas en sus terrenos, como laderas de cerros.
Sobre el compromiso final, el ministro aseveró que “se planteó una fecha, que es el 21 de julio; pues bien, mucho antes de eso vamos a tener desplegado todo lo que es la habitabilidad transitoria”, confirmando además la ampliación de la base de proveedores de emergencia.
