PERÚ INTERVIENE CÁRCELES: CREAN SUPERINTENDENCIA PARA ACABAR CON EL DESCONTROL Y LAS MAFIAS PENALES
El Gobierno de Perú ha tomado una decisión drástica para recuperar el control de sus recintos penitenciarios. El presidente, José Jerí, oficializó una reestructuración integral del sistema tras detectar un nivel de caos administrativo que permitía a peligrosos delincuentes operar con total impunidad. La medida central de este plan es la creación de la Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (Sunir), un nuevo ente que asumirá las competencias del actual INPE para centralizar el mando y la vigilancia de los recintos penales y juveniles del país.
La urgencia de esta reforma quedó en evidencia tras una inspección en el penal Ancón I, donde las autoridades tardaron horas en localizar a un interno que lideraba una red de extorsionadores. El recinto ni siquiera tenía claridad sobre si el recluso seguía en sus instalaciones o había sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca. Este escenario de descontrol logístico fue el detonante para que el Ejecutivo acelerara la intervención de los penales bajo un estilo de gestión enfocado estrictamente en la seguridad pública.
Respecto a las fallas críticas del sistema actual, José Jerí, presidente de Perú, manifestó que “se detectaron deficiencias administrativas críticas en los penales y que el cambio es irreversible en favor de la seguridad pública”. Para el mandatario, el objetivo de la Sunir es subsanar las vulnerabilidades detectadas en la custodia y terminar con el estado de confort institucional que ha facilitado la continuidad del crimen organizado.
En la misma línea, durante un operativo nocturno en los penales de Lima, el mandatario peruano sostuvo que “cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron sobre su traslado, el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen”. Con este anuncio, el gobierno peruano apuesta por una gestión eficiente que priorice la modernización de los protocolos de control interno.
El proceso de transición coincide con la salida del jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, en medio de rumores sobre contrataciones irregulares. La nueva superintendencia tendrá como misión principal la rehabilitación efectiva y la optimización de los recursos asignados al sector, asegurando que las cárceles dejen de ser focos de delincuencia. Esta reforma, según el Ejecutivo, afectará intereses particulares para garantizar la tranquilidad ciudadana en todo el territorio nacional.
