El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, en la comuna de Calama, confirmó el cese de funciones de Katherine Canario y Bastián Caro Araya, tras una serie de denuncias por presuntas irregularidades en sus ingresos. La controversia surge debido al rol de Gabriela Canario Salort, quien desde finales de 2024 se desempeña como coordinadora de la Unidad de Desarrollo Organizacional con un sueldo líquido de $2.260.674. Al pertenecer al área de Gestión y Desarrollo de Personas, la funcionaria tiene injerencia directa en la planificación y tramitación de las nuevas contrataciones del servicio.
Según la información publicada en Emol, las alarmas se encendieron cuando su hermana Katherine, abogada, fue incorporada al departamento jurídico sin mediar concurso público, bajo una modalidad de contratación directa. A esto se sumó el ingreso en octubre de 2024 de Bastián Caro, pareja de Katherine y cuñado de la coordinadora, quien asumió labores en la Unidad de Compras de la Subdirección de Administración y Finanzas. El nombramiento de Caro, ingeniero civil industrial, levantó sospechas adicionales debido a que su perfil profesional no guardaba relación técnica con las funciones asignadas.
En ese sentido, José Martínez, director ejecutivo del SLEP Licancabur, manifestó a través de un informe que la decisión busca resguardar la probidad institucional. “Este análisis consideró la existencia de paréntesis entre funcionarios en distintas áreas. Si bien no se configuraron vulneraciones formales a los procedimientos, la medida responde a una decisión institucional preventiva para proteger la confianza de las comunidades educativas”, expuso la jefatura del organismo técnico.
La situación interna se volvió más compleja al revelarse que Gabriela Canario asumió la subrogancia de la dirección de personal justo cuando se tramitaba el ingreso de su hermana. Además, trascendió que, durante las vacaciones de los directivos principales, la psicóloga —quien cuenta con solo tres años de experiencia laboral— quedó como la encargada total del servicio. Cabe destacar que en la institución también se desempeña una tercera hermana, Valeria Canario, aunque su vínculo docente data de 2020, previo a la instalación del actual sistema.
En relación con ello, Katherine Canario, abogada y exfuncionaria del servicio, sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento legal y obedecen a una mala fe informativa. “Ingresé mediante un concurso abreviado y poseo nueve años de experiencia en asesoría educativa. Con Bastián Caro no somos pareja en los términos que establece la ley, por lo que no existe parentesco que impida nuestra labor. Acudiremos a la Contraloría General para revertir esta decisión injusta”, concluyó la profesional.
