Con un contundente respaldo de 94 votos a favor y 35 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reajuste salarial para los trabajadores del Estado. La iniciativa, que ahora enfrentará su segundo trámite legislativo en el Senado, establece un incremento escalonado que llegará al 3,4% en junio de 2026, beneficiando a más de 951 mil funcionarios y a más de 3,1 millones de pensionados en todo el país.
En relación con ello, el diseño financiero del proyecto contempla un alza retroactiva del 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025, sumando un segundo ajuste del 1,4% desde el 1 de junio de 2026. Este esfuerzo fiscal, que alcanza los 1,6 billones de pesos, incluye además una red de protección económica con bonos de escolaridad, aguinaldos y el Bono de Invierno, gran parte de ellos acordados previamente con la Mesa del Sector Público.
En ese sentido, Nicolás Grau, ministro de Hacienda, manifestó que el resultado de la votación valida el diálogo constante con los gremios. “Valoramos este respaldo mayoritario de la Cámara, pues nos permite avanzar en un reajuste escalonado que protege el poder adquisitivo. Es un proyecto robusto que combina estabilidad financiera con beneficios directos para los trabajadores activos y el sector pasivo”, destacó el secretario de Estado tras el despacho de la norma.
VOTACIÓN:
Respecto al detalle de la votación de los artículos específicos, las disposiciones que requerían quórum especial fueron rechazadas al alcanzar solo 68 votos favorables, quedando por debajo del mínimo de 76 apoyos necesarios. Este resultado provocó que una quincena de normas no prosperase, incluyendo la ampliación de giro para Correos de Chile y ENAP, así como las denominadas «normas de amarre» sobre desvinculaciones a contrata.
En esa línea el jefe de la cartera sostuvo que el Ejecutivo agotará las instancias para salvar el articulado rechazado por los parlamentarios. “Buscaremos reponer en el Senado aquellas disposiciones que fueron descartadas por falta de quórum. Nuestra prioridad es mantener la integridad del acuerdo y asegurar que normas misceláneas, como el incentivo al retiro o la reconstrucción en Valparaíso, cuenten con el marco legal necesario”, concluyó la autoridad nacional.
