La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto de reajuste al sector público, pero no sin antes propinarle un revés al Ejecutivo.
Los parlamentarios rechazaron una indicación del Gobierno y mantuvieron la controvertida «norma de amarre», la cual establece que cualquier funcionario a contrata con al menos dos años de servicio continuo podrá acudir a la Contraloría si considera que su desvinculación fue injustificada.
Esta medida busca frenar la «discrecionalidad» en las desvinculaciones ante el próximo cambio de mando en marzo de 2026.
Aunque el Ministerio de Hacienda intentó modificar este plazo, la mayoría de la comisión decidió blindar la estabilidad de los trabajadores que cumplan con este periodo mínimo, permitiéndoles reclamar vicios de legalidad en caso de no renovación de sus cargos.
