Ante los cuestionamientos surgidos por la priorización de una intervención quirúrgica realizada a la madre de la ministra de Salud en el sistema público, el Colegio Médico de Chile emitió un pronunciamiento oficial para fijar su postura. El gremio subrayó que el sistema estatal debe sustentarse en la equidad y que es imperativo aclarar los mecanismos técnicos que permitieron dicha atención por sobre otros pacientes en lista de espera.
En relación con ello el Colegio Médico de Chile señaló que «el sistema público de salud se sustenta en el principio de una atención equitativa para todas las personas, basada en criterios clínicos y sanitarios». La organización gremial destacó que, debido a la falta de datos técnicos iniciales, «mientras no se cuente con la totalidad de los antecedentes técnicos y administrativos que expliquen de manera clara y transparente cómo se tomó la decisión de priorización desde el inicio del proceso, estimamos que no es posible emitir juicios concluyentes sobre lo ocurrido».
Un punto de alta sensibilidad para los facultativos es la posible exposición de datos sensibles de la paciente. La directiva manifestó su alarma ante el manejo de la información privada, advirtiendo que la confidencialidad es un pilar ético ineludible que debe ser respetado por todos los actores involucrados, independientemente de la relevancia política del caso o de la autoridad involucrada.
Junto con ello el gremio enfatizó su «profunda preocupación frente a la eventual filtración de antecedentes contenidos en fichas clínicas». El organismo fue tajante al declarar que, de confirmarse este hecho, «se trataría de una situación de máxima gravedad, ya que la confidencialidad de la información de salud constituye un derecho fundamental de las y los pacientes, protegido por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente«.
Para finalizar, el cuerpo médico consideró indispensable que se lleve a cabo una investigación imparcial que logre determinar si se cumplieron los protocolos vigentes en la red asistencial. Asimismo, hicieron un llamado a proteger a los equipos de salud involucrados, «quienes podrían haber actuado en contextos de alta presión institucional y cuyas decisiones clínicas no siempre se encuentran bajo su exclusivo control», concluyendo que es vital reforzar la transparencia para resguardar la confianza de la ciudadanía.
