La Fiscalía Centro Norte presentó una acusación de alto impacto contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, solicitando penas que superan los 14 años de cárcel y citando a 89 testigos, entre ellos el Presidente de la República, ministros, policías, familiares y funcionarios de Gobierno.
El caso que estremeció a La Moneda ahora cruza definitivamente el umbral de los tribunales. Con una acusación que dibuja una trama extensa —política, institucional y humana— la Fiscalía Centro Norte activó el engranaje del juicio oral contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, y lo hizo con una señal inequívoca de magnitud: 89 testigos llamados a declarar. La lista es un mapa del poder y de los hechos; comienza con la denunciante y alcanza al Presidente de la República, ministros, policías, familiares, trabajadores de un restaurante y de un hotel céntrico. Nadie queda fuera del relato judicial que se prepara.
La acusación y el punto de no retorno
La notificación llegó como un reloj que marca la hora exacta: el Ministerio Público presentó la acusación formal por violación y abuso sexual, solicitando penas que superan los 14 años de cárcel, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la prohibición de ejercer la medicina durante la condena. No es solo un expediente penal; es un expediente político, social y simbólico.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en septiembre y que el entramado posterior —reacciones, conversaciones, silencios y decisiones— es tan relevante como el momento mismo de las agresiones. Por eso, el juicio no se limitará a reconstruir una noche: buscará rearmar una secuencia completa, antes, durante y después.
El núcleo del caso: la voz de la denunciante
La primera citada es la mujer que denunció. Su testimonio será la columna vertebral del juicio: relatará lo vivido, lo observado y lo dicho; describirá interacciones posteriores y consecuencias en su salud; y explicará cómo y con quién compartió lo ocurrido dentro de la institucionalidad. Para la Fiscalía, su declaración no es solo un relato de hechos, sino una guía para comprender cómo operan los entornos de poder cuando la denuncia aún no llega a tribunales.
El círculo de confianza y las primeras reacciones
Luego aparece el círculo más cercano del imputado: exautoridades, asesores, jefaturas y profesionales que trabajaron codo a codo en Interior. La Fiscalía quiere oírlos porque, según la acusación, algunos conocieron antecedentes antes de que el caso se judicializara. Se indagará qué supieron, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información.
Entre esos nombres hay exministras, exjefes de gabinete, abogados y periodistas. La tesis fiscal es clara: el juicio no solo evaluará conductas individuales, sino también respuestas institucionales. En ese contexto, se examinarán declaraciones públicas y privadas que, en su momento, buscaron interpretar imágenes, conductas o silencios.
La cadena de conocimiento dentro del Gobierno
El listado se expande hacia otros funcionarios que, según la denunciante, fueron los primeros en advertir la gravedad de lo ocurrido. Amigos, colegas y autoridades aparecen como eslabones de una cadena que habría discutido el caso puertas adentro. Para la Fiscalía, este tramo del juicio permitirá establecer cómo se procesa una denuncia en la intimidad del poder antes de que exista una causa penal.
En esa misma línea, se citó a altas autoridades de Estado, incluido el Presidente, por conversaciones sostenidas el día en que el caso se hizo público. El objetivo no es político, recalcan fuentes del proceso, sino probatorio: fijar tiempos, contenidos y decisiones.
Familia, policías y peritajes
El juicio también tendrá un rostro íntimo. Padres y hermanos de la denunciante deberán declarar sobre el impacto emocional y las confidencias posteriores. A ello se suma un número relevante de funcionarios policiales, entre generales, jefaturas de inteligencia y detectives especializados en delitos sexuales, quienes explicarán diligencias, protocolos y hallazgos.
Dos psiquiatras que atendieron a la denunciante aportarán peritajes clínicos, mientras que otros testigos permitirán reconstruir los días siguientes a los hechos denunciados.
Ají Seco, el hotel y los detalles que importan
El relato judicial baja al terreno. Garzones, cajeras, jefes de salón y administrativos del restaurante Ají Seco deberán declarar sobre lo que vieron y registraron la noche clave. Lo mismo ocurrirá con personal del Hotel Panamericano y con el conserje del edificio donde vivía la denunciante, llamados a describir conductas, horarios y estados posteriores.
Para la Fiscalía, estos testimonios son piezas finas de un rompecabezas mayor: la corroboración periférica que rodea a los hechos centrales.
Un juicio que excede al imputado
Con 89 testigos, el proceso se anuncia largo y de alto voltaje. No solo se juzgará a un exsubsecretario; se examinará cómo reaccionan las instituciones frente a una denuncia que irrumpe en el núcleo del poder. Cada declaración sumará o restará credibilidad a una historia que ya marcó un antes y un después.
El tribunal decidirá en la etapa preparatoria si mantiene íntegra la lista o excluye nombres. Pero el mensaje de la Fiscalía ya quedó claro: este juicio se contará completo, desde el despacho presidencial hasta la última mesa del restaurante. Y, en esa narración, Chile mirará no solo un caso penal, sino el espejo incómodo de sus propias estructuras.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
